Berlusconi no asiste a nuevo juicio

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi

ROMA, Italia (EFE).- La primera audiencia del nuevo juicio contra el expresidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi por sobornar a un senador para que cayese el Gobierno de su adversario Romano Prodi en 2008 acabó con la declaración de estado de rebeldía del mandatario por no haberse presentado en el aula.

El proceso comenzó con la asignación del nuevo presidente del Tribunal de Nápoles, la jueza Serena Corleto, en sustitución de la anterior titular que había renunciado.

Durante esta primera vista, los abogados de Berlusconi argumentaron que habían existido irregularidades en las notificaciones al exmandatario, pero el Tribunal rechazó esta hipótesis y entonces lo declaró en rebeldía al considerar que su ausencia era injustificada.

El proceso continuará mañana, cuando el Tribunal se dedique a la admisión de las partes civiles que hoy presentaron su solicitud.

En este proceso se intentara esclarecer si Berlusconi pagó al senador Sergio De Gregorio tres millones de euros para que se pasase a su formación e hiciese caer de ese modo al Gobierno de su adversario Romano Prodi (2006-2008) durante una votación en el Senado.

También será juzgado el empresario y exdirector del diario “Avanti”, Valter Lavitola, acusado de participar como mediador en el supuesto pago.

El exsenador De Gregorio fue condenado a ocho meses al pactar la pena después de confesar que recibió los tres millones para pasar de su partido, Italia de los Valores (IDV), que formaba parte de la coalición gubernativa a las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad (PDL).

Su voto y el de otros senadores que también abandonaron la mayoría en el Gobierno acabó produciendo la caída del Ejecutivo de Prodi durante una votación en el Senado en 2008.

En este nuevo proceso, Berlusconi no podrá contar con algún tipo de inmunidad o del llamado “legítimo impedimento” al haber dejado de ser parlamentario, tras su expulsión del Senado al ser aplicada la ley que impide sentarse en el Parlamento a los condenados a más de dos años de cárcel.




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