Sancionarían a Venezuela

Estados Unidos analiza si puede mediar en un lío

Una mujer sostiene una pancarta durante una nueva manifestación, esta vez con activistas en pro de los derechos humanos, ayer en Caracas

WASHINGTON (AP y EFE).- El secretario de Estado, John Kerry, afirmó ayer que el gobierno estadounidense revisará sus opciones ante un proyecto de resolución presentado la víspera en el Senado, que busca aplicar sanciones a funcionarios venezolanos considerados cómplices en la represión de las manifestaciones opositoras.

“Examinaremos cada aspecto de lo que está disponible para nosotros como una opción”, afirmó Kerry en conferencia de prensa cuando una periodista le preguntó su opinión sobre el proyecto legislativo de negar y revocar visados, así como congelar los bienes de los funcionarios venezolanos.

El proyecto fue presentado por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez, y por el republicano por Florida Marco Rubio.

“No es inapropiado que el Congreso u otros debatan y piensen qué incentivos y medidas son apropiadas para decisiones que se han tomado o que no se han tomado y afectan profundamente los derechos de las personas”, agregó Kerry refiriéndose a las protestas que durante las últimas tres semanas han dejado al menos 17 muertes, 261 heridos y 55 detenidos.

Durante una conferencia de prensa ofrecida tras reunirse con la canciller colombiana María Angela Holguín, Kerry señaló que “estamos trabajando muy de cerca con Colombia y otros países para ver cómo alguna mediación pudiera ocurrir”.

La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo posteriormente que “un moderador externo puede ser necesario. Se debe tomar una decisión sobre quién tiene la confianza de ambas partes para ser moderador”.

Kerry reiteró su llamado a las autoridades venezolanas a sostener un diálogo con sus ciudadanos. “Me parece que lo que tiene pasar ahora es que el gobierno venezolano trate con sus propios ciudadanos. Ellos necesitan abrirse, tener un diálogo”, señaló. María Angela Holguín se abstuvo de emitir comentarios sobre su nación vecina. El ex presidente estadounidense Jimmy Carter ofreció esta semana reunirse con funcionarios gubernamentales y con el líder opositor Henrique Capriles. El debate sobre la posibilidad de aplicar sanciones a funcionarios gubernamentales se desarrolla mientras persiste la incertidumbre sobre si el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una sesión extraordinaria solicitada por Panamá para abordar la situación venezolana. La reunión, prevista originalmente para el jueves 27, fue cancelada cuando Caracas alegó que incumplía con el procedimiento del organismo multilateral. ç El embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, solicitó la nulidad de la convocatoria emitida la víspera para la reunión extraordinaria solicitada por Panamá argumentando que fue efectuada en ausencia del presidente del Consejo Permanente, el dominicano Pedro Vergés. Chaderton aseguró que en ausencia de Vergés, la convocatoria debió ser emitida por la delegación que desempeña la vicepresidencia del Consejo Permanente, que durante el primer trimestre de 2014 corresponde a Venezuela. Los estados miembros de la OEA ocupan la presidencia y vicepresidencia de manera rotatoria durante periodos de tres meses. Funcionarios de la OEA esperaban la llegada de Vergés a la capital estadounidense la tarde del miércoles para convocar la reunión extraordinaria, en la cual el Consejo Permanente debatiría si convoca a los cancilleres del continente a una reunión de consulta. Pero Evelyn Estrella, portavoz de la cancillería dominicana, dijo que Vergés debió regresar a Santo Domingo “como parte de un proceso de consultas de rutina con la Cancillería, en ocasión de las fiestas patrias y la rendición de cuentas del presidente” Danilo Ortega. Los mandatarios dominicanos suelen rendir su informe anual ante el Congreso cada 27 de febrero, y los embajadores dominicanos en el exterior suelen asistir a la ceremonia. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización promotora de los derechos humanos Human Rights Watch, exhortó a la OEA a celebrar su reunión sobre Venezuela. “Sería un grave error permitirle al gobierno venezolano que evite una discusión seria sobre estos acontecimientos”, dijo en un comunicado. El canciller venezolano Elías Jaua expresó esta semana su rechazo a que la OEA aborde la situación de su país. “Cualquier acción internacional para plantear esta agresión que ha hecho contra el pueblo venezolano, contra el gobierno legítimo y democrático de Venezuela, debe ser en el espacio de la Unión de Naciones Sudamericanas”, indicó.

Por otra parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó ayer que hasta la tarde había siete personas “en fase de juicio” por los sucesos ocurridos hace 25 años durante la revuelta popular conocida como el “Caracazo”, hecho que dejó cientos de muertos.

“Por estos casos del ‘Caracazo’ han sido acusadas nueve personas, siete de ellas están en fase de juicio, lamentablemente hay un fallecido que había sido requerido, se había solicitado la extradición, que fue al expresidente Carlos Andrés Pérez”, dijo la fiscal a periodistas durante un acto de conmemoración de la fecha.

“Estas personas que han sido acusadas fundamentalmente ha sido por el delito de homicidio intencional calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales”, indicó.

El Ministerio Público, señaló, ha abierto hasta el momento 336 expedientes sobre la misma cantidad de sucesos ocurridos entre el 27 y el 28 de febrero de 1989.Además recordó que desde 2009 se han exhumado los restos de personas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y fueron echados a una fosa común en el Cementerio del Sur, oeste de Caracas.De esa fosa común, conocida como “la peste”, se han extraído 125 osamentas, dijo Luisa Ortega.”El Estado venezolano en ese momento quiso ocultar los sucesos, los eventos ocurridos, es decir, agarró a todos los fallecidos, los sepultó en fosas comunes”, señaló.Además, la fiscal resaltó que desde la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013) se inició un proceso de indemnización de afectados “y hasta ahora en tres procesos de indemnización han sido beneficiados 616 familiares”.Tras ser consultada acerca de comparaciones que se han hecho desde el sector opositor sobre supuestas similitudes entre los hechos ocurridos hace 25 años y las actuales protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, dijo que no se trata de las mismas condiciones pues en la actualidad se respetan los derechos humanos.”Creo que en este momento no estamos en un evento como ese (…) el Ministerio Público bajo ninguna circunstancia va a permitir el quebrantamiento de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos”, dijo.El 27 de febrero de 1989 comenzó en las barriadas populares de Caracas una revuelta popular en rechazo a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue sofocada a tiros por militares y policías.El saldo oficial fue de unos 300 muertos aunque versiones de prensa hablan de 3.000.En la actualidad, Venezuela se encuentra inmersa en una oleada de protestas desde el pasado 12 de febrero que hasta el momento han dejado 17 muertos y 261 heridos, según cifras oficiales.

ONU | Venezuela

La ONU condenó ayer el uso excesivo de la fuerza en las protestas en Venezuela.

El diálogo

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, indicó que “es hora de renunciar al uso de la violencia y dar un paso hacia el diálogo”.

Libertad

Instó al gobierno de ese país sudamericano a velar por el respeto a la libertad de expresión y de asociación.




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