Piden nuevo uso de los centros de tortura en Brasil 50 años después del golpe

 

Aitor Álvarez García

RÍO DE JANEIRO (EFE).- Algunas de las edificaciones que durante la última dictadura militar en Brasil (1964-1985) fueron emblemas de la tortura podrán convertirse en centros culturales si prospera una campaña impulsada por grupos de derechos humanos, en momentos en que se recuerdan los 50 años del golpe de Estado.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) protagonizaron manifestaciones en los últimos días frente a emblemáticos centros de tortura en el pasado, para presionar a las autoridades a que se comprometan a convertirlos en centros de memoria histórica.

La campaña aprovecha los diferentes actos con que Brasil recuerda este mes los 50 años del golpe del 1 de abril de 1964, que derrocó al entonces presidente Joao Goulart y sumergió al país durante 21 años en un régimen de violenta represión y censura que dejó miles de muertos, unos 400 desaparecidos y llevó a millares al exilio.

El principal blanco de los defensores de los derechos humanos es una de las edificaciones que sirvió de sede en Río de Janeiro al Departamento de Orden Política y Social (DOPS), uno de los principales órganos de represión del régimen y al que se le atribuyen numerosas muertes, torturas y desapariciones.

El DOPS ocupó entre 1962 y 1975 este edificio clásico inaugurado en 1910 en el centro de la ciudad y que ahora se encuentra en mal estado. Allí, según las ONG, se torturó y se mató a decenas de brasileños que eran contrarios al régimen.

La campaña, apoyada por Amnistía Internacional, el grupo Tortura Nunca Más, el Fórum de Reparación y Memoria de Río de Janeiro y otras doce instituciones, pide que el gobierno del estado de Río de Janeiro convierta el antiguo DOPS en un centro de memoria histórica.

Bajo el lema “ocupar la memoria para no olvidar nuestra historia”, los militantes promovieron el viernes y el sábado protestas, talleres y otros actos frente a la edificación, para que “el terror dé paso a la memoria y a la cultura”.

En una convocatoria divulgada en febrero, estas organizaciones aseguran que “la reparación de los daños causados por el impacto de la violencia del Estado en el conjunto de la sociedad se hace a través de medidas concretas, como la creación de herramientas que reivindiquen un pasado que no tiene que ser enterrado”.

Añaden que “las versiones oficiales de la historia han contribuido a silenciar esa memoria”, por lo que, a su parecer, se necesita “formar principios éticos para la construcción democrática del presente y del futuro”.

El documento también se refiere a una “deuda histórica”, tanto del Gobierno brasileño como de la gobernación de Río de Janeiro.

El máximo responsable de la iniciativa, Felipe Nin, dijo a Efe que el objetivo de la iniciativa es que la transformación de los usos del edificio “entre en la agenda” en 2014, año en que se cumple medio siglo del golpe y en que los brasileños acudirán a las urnas para elegir presidente, gobernadores y la mayor parte del Congreso.

El activista pro derechos humanos describe el edificio como “un lugar donde siempre se han hecho cosas malas, desde que se inauguró en 1910, pocos años después de la abolición de la esclavitud, cuando se torturaba y humillaba a los negros”.

La edificación también es señalada como centro de torturas durante regímenes dictatoriales anteriores en Brasil anteriores al impuesto en 1964.

Actualmente funciona allí una comisaría de la Policía Civil y el estado de conservación es pésimo, por lo que la gobernación tiene planes de reformarlo para aprovechar el local como un museo de la policía.

Las ONG quieren que la gobernación de Río de Janeiro “encuentre una alternativa para colocar a los policías y deje el edificio para la memoria de los brasileños”.

Para los militantes, el objetivo debe ser “debatir sobre el pasado sin olvidar el presente”, porque, según Nin, “todavía hay muchos problemas y discusiones sobre la policía en la actualidad”.




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