Piden correcto proceso por denuncias de esterilizaciones en Perú

El Ministerio de la Mujer recordó que “existe la garantía constitucional de la doble instancia en la que el sector confía se alcanzará justicia".

El Ministerio de la Mujer recordó que “existe la garantía constitucional de la doble instancia en la que el sector confía se alcanzará justicia”.

LIMA (EFE).- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú exhortó hoy al Ministerio Público y al poder Judicial a garantizar el debido proceso de las mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas forzosamente durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

A través de un comunicado, el Ministerio agregó que las víctimas están “a la espera de sanciones e indemnizaciones, según corresponda, dentro del marco de la legislación nacional y los estándares internacionales aplicables”.
El documento se hizo público hoy, después de que la Fiscalía (Ministerio Público) resolviera el viernes pasado no hallar “elementos probatorios suficientes” sobre la presunta responsabilidad de Fujimori en la esterilización forzada de más de 2.000 mujeres durante su Gobierno.

El Ministerio de la Mujer recordó que “existe la garantía constitucional de la doble instancia en la que el sector confía se alcanzará justicia”.

La cartera ministerial manifestó que, pese a existir 2.074 casos de mujeres que han denunciado haber sido esterilizadas en contra de su voluntad, de las cuales 18 perdieron la vida a consecuencia de las cirugías, “el Ministerio Público ha resuelto en primera instancia el archivamiento fiscal de 2.073 de los casos denunciados y solo recoge uno de éstos”.
La Fiscalía sólo denunció al personal médico directamente vinculado con la muerte de Mamérita Mestanza Chávez, ocurrida en 1998, a causa de una infección generalizada posterior a la ligadura de trompas a la que fue sometida en la región de Cajamarca.

En este caso, el Estado peruano se comprometió a sancionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes resultaran responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento y muerte de la víctima, así como a indemnizar a sus deudos, entre otros compromisos, recordó el Ministerio.

Sin embargo, las restantes 2.073 víctimas comprendidas en la citada causa, cuya integridad fue lesionada llegando en varios casos a la muerte, hasta el momento no han accedido a la Justicia, apuntó.

Dos organizaciones civiles de Perú presentaron ayer sendos recursos de impugnación contra la decisión del fiscal que exculpó al expresidente Fujimori de responsabilidad delictiva en la acusación por presuntas esterilizaciones forzadas.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Sigfrido Florián, explicó a Efe que interpusieron este recurso para que “se revise la resolución que la Fiscalía ha emitido y que pueda ser reexaminada, porque no es justo que se archive un caso que compete a 2.100 mujeres que fueron esterilizadas forzadamente”.

Por su parte, la representante legal de la organización feminista Demus, Rossy Salazar, indicó a Efe que presentaron una queja ante la Fiscalía porque hay suficientes evidencias de que se cometieron “delitos de lesa humanidad” y que hubo domino del hecho (autoría mediata) de Fujimori en este caso.

Se dice que hubo domino del hecho de Alberto Fujimori en el caso.

Se dice que hubo domino del hecho de Alberto Fujimori en el caso.

El viernes pasado, el fiscal Marco Guzmán consideró que no habían “elementos probatorios suficientes” sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori en las presuntas esterilizaciones forzadas y que, en ese caso, no se incurrió en “delitos de lesa humanidad”.

La decisión también determinó que no existía responsabilidad de los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.

En junio pasado, la Fiscalía reabrió la investigación en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que el número de mujeres afectadas era muy alto y, por lo menos, una de ellas había muerto a consecuencia de esas prácticas.

El caso fue archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se habían encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

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