Niega un plan de magnicidio

Líder opositora en Venezuela presenta denuncia judicial

La dirigente opositora María Corina Machado sostiene a una niña al acudir ayer a la Fiscalía

CARACAS (EFE).- La dirigente opositora María Corina Machado presentó una denuncia judicial contra el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, por siete delitos pues la acusó de urdir un plan de magnicidio y golpe militar contra el presidente Nicolás Maduro.

La dirigente denunció a Rodríguez, también alcalde de Libertador de Caracas, por “simulación de hecho punible, difamación e injuria, falsificación de documentos, espionaje informático, instigación pública, violación a las libertades políticas y asociación para delinquir”.

“Vine aquí a traer las pruebas (…), aquellas que ellos crearon, mintieron, formularon de una manera burda, verdaderamente patética (…) que demuestran que hay una confabulación de los miembros de la revolución para callar las voces de aquellos que creemos en la movilización, en la protesta”, dijo en la Fiscalía.

Anteayer, Rodríguez involucró a María Machado en un plan para “acabar con la paz” en Venezuela que incluía un “magnicidio” y un “golpe militar” ya abortado que defendió mostrando varios correos electrónicos atribuidos a la ex diputada.

Estos correos habrían sido supuestamente enviados por ella a simpatizantes de la oposición y se mencionaba al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, asegurando que apoyaba sus planes.

En otro supuesto correo de Machado al exdiplomático venezolano Diego Arria se dice- “Ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al Maduro y lo demás caerá solo”.El dirigente chavista señaló que estas pruebas formaban parte de una “investigación penal y criminal”.”¿Por qué el señor Jorge Rodríguez y miembros del PSUV tienen información sobre una investigación? (…) y en segundo lugar ¿por qué no he sido yo notificada? A mí nadie me ha dicho que hay una investigación en mi contra”, afirmó Machado.”Me han acusado en reiteradas veces y desde luego ellos (el gobierno) lo que quisieran es que cada uno de nosotros (…) claudicáramos, nos calláramos”, indicó ayer María Machado.

“Todos los venezolanos estamos expuestos a ese riesgo (…) esa amenaza de ser detenidos, de ser agredidos”, agregó.El abogado de Machado, José Amalio Graterol, explicó a Efe que la acusación es por el momento contra Rodríguez porque debido a las investiduras que ostentan la mayoría de los miembros de la dirección del PSUV, “la Fiscalía tendría que solicitar el antejuicio de mérito antes de iniciar la investigación”.Venezuela vive desde hace meses protestas antigubernamentales que en las últimas semanas han ido decayendo y que han dejado más de 40 muertos y cientos de heridos y detenidos.El Ejecutivo acusa a Machado, entre otros, de fomentar actos vandálicos con el objetivo de desestabilizar al Gobierno del presidente Maduro, algo que ella niega.Machado fue despojada de su condición de diputada en marzo pasado después de que intentara participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la representación de Panamá para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos que, dice, vive Venezuela.El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que eso suponía que se había convertido en representante panameña y que ese cargo era incompatible con el de diputada, argumento que ratificó el Tribunal Supremo.

No a las sanciones

En Estados Unidos, el gobierno señaló ayer que no considera necesario por ahora imponer sanciones al Ejecutivo venezolano, tras aprobarse anteayer una iniciativa en ese sentido en la Cámara de Representantes, e insistió en no inmiscuirse en el diálogo en ese país.

Una representante gubernamental indicó que, aunque pueden imponer sanciones, no es el momento adecuado para hacerlo.

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, recordó que la ley permitiría al gobierno de Barack Obama imponer sanciones sin necesidad de recurrir a una nueva legislación del Congreso, pero bajo su punto de vista no es el momento adecuado para hacer uso de esa herramienta.Jacobson, no obstante, rehusó responder si Obama vetaría la ley en caso de que la versión que maneja el Senado y la ya aprobada por la cámara baja se armonizaran en un único texto, para cuya entrada en vigor solo sería necesaria la firma del mandatario.La subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos agregó además que las posibles sanciones a un país deben ser consideradas “una herramienta y no un fin” y advirtió de que, aunque estancado, el diálogo auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano debe ser un vehículo que se agote antes de interferir de otro modo.”Lo que está pasando ahora en Venezuela no tiene que ver con la relación bilateral (con Estados Unidos), tiene que ver con los propios venezolanos”, subrayó Jacobson, ante las acusaciones vertidas por Maduro de presuntos complots del Gobierno estadounidense contra él.Jacobson hizo estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tendrá lugar la semana próxima en Asunción (Paraguay), en cuya edición del pasado año en Guatemala pudieron reunirse los cancilleres de ambos países, John Kerry y Elías Jaua.Ante una posible conversación bilateral en el marco de la Asamblea, Jacobson no quiso anticipar la existencia de ninguna reunión pese a la “conversación optimista” de hace un año, ya que en estos momentos “los dos países no están en el mismo punto”.El texto legislativo aprobado este miércoles por la cámara baja estadounidense pretende sancionar a los funcionarios del Gobierno venezolano supuestamente vinculados con la violación de derechos humanos durante las protestas que vive Venezuela desde el pasado febrero.La propuesta, encabezada por la legisladora republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, prohibiría la entrada a territorio estadounidense a una serie de individuos supuestamente relacionados con actos de represión durante las manifestaciones estudiantiles en Venezuela, y congelaría sus activos en Estados Unidos.El Senado de EEUU cuenta con su propio proyecto de ley al respecto, liderado por el senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, el cual ya obtuvo el beneplácito del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, y tiene que ser sometido al pleno.Venezuela vive protestas contra el Gobierno desde hace más de tres meses que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de ochocientos de heridos y centenares de encausados.Asimismo, el Ejecutivo de Maduro ha denunciado desde el pasado año y de manera reiterada planes de magnicidio y de intento de golpe de Estado en Venezuela en los que ha involucrado a Estados Unidos y al expresidente colombiano Álvaro Uribe.




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