Condenan a tres militares por homicidio

BOGOTA, Colombia (AP).- Tres militares colombianos, entre ellos un capitán, fueron condenados a casi 30 años de prisión por el asesinato en 1997 de dos menores de edad que fueron falsamente presentados como guerrilleros muertos en combate, informó el jueves la Fiscalía General.

La determinación fue adoptada por un tribunal de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia y a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, en contra del capitán del ejército Jaime Alonso Pinto y los soldados Carlos Mario Escudero y Dixon Arturo Mena.

En un comunicado de prensa, el ente investigador explicó que los tres uniformaos fueron hallados culpables del delito de homicidio y que por eso fueron sentenciados a 29 años y nueve meses de cárcel.

“El 23 de marzo de 1997 tropas de la Cuarta Brigada del Ejército reportaron la muerte de dos supuestos milicianos de las FARC, de 15 y 17 años de edad”, explicó el reporte oficial.

Dicha acción, según dijeron los militares en su momento, se produjo como consecuencia de una emboscada en una zona rural del municipio de Urrao, Antioquia, a unos 300 kilómetros al noroeste de la capital colombiana.

Familiares de las víctimas, sin embargo, dijeron a las autoridades que los dos jóvenes eran campesinos de la región y que habían sido retenidos por un grupo de militares tres días antes de ser asesinados. “Varios testigos presenciales aseguraron además que los militares ingresaron a una finca de la zona de donde hurtaron mercado (comida), utensilios de cocina y seis gallinas”.

La Fiscalía agregó que expertos “determinaron que los disparos que recibieron los menores fueron hechos a muy corta distancia y el estudio de balística practicado al fusil incautado determinó que el arma no estaba apta para disparar” por parte de los dos occisos.

El fiscal a cargo del caso, además, encontró serias inconsistencias en las declaraciones de los implicados sobre la hora en que ocurrió la supuesta emboscada.

En octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares -entre ellos tres generales- porque por acción u omisión habían permitido la comisión de ejecuciones extrajudiciales de civiles similares a las de Urrao.

Desde entonces la Fiscalía inició una vasta investigación sobre estas ejecuciones extrajudiciales y al menos 3.900 militares han tenido que rendir cuentas a las autoridades por los asesinatos de unas 3.000 personas, según cifras del ente acusador.

De los más de 600 militares condenados hasta ahora en los casos de ejecuciones extrajudiciales, dos terceras partes son soldados. A 30 de junio pasado los acusados incluían 114 oficiales a partir del grado de capitán. Doce de ellos, entre ellos dos coroneles, han sido condenados o se declararon culpables y recibieron penas de prisión.

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