Agresiones a la prensa

Episodio violento entre opositores y policía venezolanos

Manifestantes opositores  usaron fuegos artificiales a manera de proyectiles en contra de la Policía ayer

CARACAS (EFE).- El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) dijo ayer, al cumplirse dos meses de protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro, que registra 181 agresiones contra 137 comunicadores.

Marco Ruiz, secretario general del SNTP, detalló en declaraciones a sus colegas que entre las 181 agresiones destaca un periodista herido de bala, 82 casos de hostigamiento, 40 de agresiones físicas, 35 de robos o destrucción del material de trabajo y 23 detenciones.

La Fiscalía General contabiliza desde el 12 de febrero 41 muertos, entre ellos 32 civiles de ambos bandos y personas atrapadas en un virtual “cruce de fuego”, y nueve agentes de cuerpos de seguridad.

Sobre la procedencia de las agresiones contra los trabajadores de la prensa, Ruiz dijo que en un 60 % de los casos los responsables fueron funcionarios de diferentes instancias policiales y el resto activistas identificados tanto con el gobierno como con la oposición.Ruiz recordó que en una reunión que sostuvo en el transcurso de la semana con funcionarios del Ministerio Público se acordó que serán “fiscales superiores” quienes atenderán “los procedimientos que involucren a trabajadores de los medios de comunicación” en eventuales futuras agresiones.No obstante, recordó que en una reunión con los trabajadores de la prensa el pasado 23 de marzo el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), mayor general Justo Noguera Pietri, ordenó a los agentes respetar la labor de los comunicadores.Los uniformados deben “cumplir con el compromiso de no agredir, robar o detener a periodistas, camarógrafos y fotógrafos, tal como ordenó el mayor general Noguera Pietri”, remarcó Ruiz.El Gobierno y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron el jueves una ronda de reuniones que continuarán el martes próximo para identificar las razones de las protestas y evitar en ellas los hechos de violencia.

Por otra parte, policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional dispersaron ayer con gases lacrimógenos y balas de goma una marcha convocada por los opositores más duros al presidente Maduro, tras negarse a participar en el diálogo entre el gobierno y miembros moderados de la oposición.

Algunos opositores arrojaron piedras y otros objetos a los agentes, que cortaron el paso de la manifestación convocada por estudiantes.

Aquella marcha fue encabezada por la ahora exdiputada María Corina Machado y el dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde el mes pasado en una cárcel militar por su presunta responsabilidad en los hechos. Estaba previsto que los opositores recorriesen calles y avenidas desde tres puntos de la ciudad hasta la céntrica plaza Venezuela, localizada en el municipio Libertador, el único de los cinco municipios capitalinos bajo el mando de un alcalde oficialista y que es asiento de los poderes públicos venezolanos. Desde tempranas horas, cientos de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional se apostaron en los principales accesos a la plaza. Luego de algunos forcejeos con los cuerpos de seguridad la mayoría de los manifestantes se retiró pacíficamente rumbo al este de la capital, pero un pequeño grupo en otro sector de la ciudad insistió en seguir adelante, desencadenando el choque violento. “Rechazamos los atropellos y agresiones. Este gobierno le tiene miedo a los estudiantes que valientemente se mantienen enfrentando pacíficamente a la dictadura”, dijo el alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que encabezó un tramo de la marcha y que se cuenta entre los más acérrimos críticos del proceso de diálogo con el gobierno, argumentando que no están dadas las condiciones para ello.

“Cómo se puede hablar de diálogo cuando se impide la protesta pacífica, se reprime una marcha pacífica, se criminaliza la disidencia”, agregó.

Machado denunció que miembros de la Guardia Nacional se apostaron en los alrededores de la plaza Venezuela, impidieron la instalación en el lugar de una tarima y “se llevaron detenidos a estudiantes” sin una causa justificada. Las autoridades repetidamente han negado el permiso a marchar a los estudiantes alegando que, el 12 de febrero, la oposición realizó una marcha similar que culminó en los violentos incidentes que dejaron un saldo de tres muertos, varias decenas de heridos y destrozos en instalaciones públicas. Venezuela se ha visto estremecida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia. Los incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General. La exdiputada opositora afirmó el sábado que el objetivo del gobierno con los llamados diálogos de paz es dividir a la coalición opositora. “Si algo es evidente es que se pretende dividir las fuerzas de la unidad. Esta es una orientación, una línea desde La Habana, pero estoy segura que no van lograr confundir a los venezolanos que desde hace 60 días estamos en la calle librando una lucha ciudadana”, dijo Machado a la prensa. Agregó que “el gobierno sabe que logramos arrebatarle la careta, hoy el mundo llama a Maduro como lo que es, un dictador’” y advirtió que “vamos a seguir en la calle hasta lograr un cambio político que permita que en el país haya justicia y libertad”. La primera reunión entre el mandatario y sus adversarios políticos terminó la madrugada del viernes sin acuerdos concretos, alimentando las dudas de que el proceso impulsado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pueda ayudar a solucionar la crisis del país. El gobierno y la oposición continuarán los diálogos el 15 de abril. A la primera sesión asistieron como testigos de buena fe los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, y el nuncio apostólico en Venezuela.




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