Persecución religiosa en 1928

Siguiendo con las historias de archivo encontramos varios expedientes que testimonian la situación que se vivía en la llamada época de la “persecución religiosa”, corría el año 1928, y las autoridades aplicaban inflexiblemente la legislación que acotaba las prácticas del culto.

Es el caso de una serie de amparos promovidos en julio de 1928, a nombre de un sacerdote católico, quien fuera detenido a las puertas de su domicilio por individuos vestidos de civil, quienes sin identificarse como agentes de la ley afirmaron tener que ejecutar en su contra una orden de aprehensión y de expulsión del territorio del Estado.

Ante tal hecho un amigo, quien presenció la detención, promovió los amparos señalando como autoridades responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Jefe del Destacamento Militar en Puerto Progreso, al Jefe de la Guarnición de Plaza, al Jefe de la Policía Judicial, al Jefe de las Operaciones Militares en el Estado, al Inspector General de Policía, y al Gobernador del Estado.

El Juez de Distrito ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban por setenta y dos horas, a fin de evitar la expulsión ilegal, y se notificó dicho acuerdo a todas las autoridades señaladas como responsables, aunque con ciertos problemas al fin éstas, habiendo sido debidamente notificadas contestaron, excepto el Presidente de la República, mediante sus respectivos informes justificados, negando la existencia del acto reclamado, es decir, que no tenían ninguna orden de aprehensión ni de expulsión que ejecutar en contra del clérigo quejoso.

Ante tales afirmaciones, y no pudiendo encontrarse al sacerdote para ratificar su demanda de amparo, ni para ofrecer pruebas que demostraran la existencia de los actos reclamados, el Juez sobreseyó en el juicio, es decir, sentenció que el juicio se daba por terminado sin conceder ni negar el amparo, ya que simplemente no se había demostrado la existencia de los actos que se imputaban a las autoridades: la detención del quejoso para expulsarlo del Estado.
Sin embargo y paradójicamente, casi un mes después llegó al Juzgado un oficio del Presidente de la República conteniendo su informe justificado, en el que señalaba que el sacerdote en cuestión fue trasladado desde la ciudad de Mérida, a la Capital por haber contrariado las leyes en materia de cultos, pero que habiendo llegado se le puso en inmediata libertad.

A lo largo del expediente se observa la manera como las autoridades de la época, tanto militares como civiles trataban las cuestiones relativas al culto, así como la situación social en general gracias a que obra en ellos un ejemplar del Diario de Yucatán del 13 de julio de 1928. Seguiremos tratando estos temas cuando compartamos otras anécdotas de archivo.

José Trinidad Aranda Aranda, encargado de Archivo y Biblioteca de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Rafael Matos Escobedo”.

 




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