Tren, vialidad y saqueo

Dulce María Sauri Riancho (*)

Tercia de Temas

Afortunadamente, tres temas de interés general se han vuelto materia de discusión y análisis en las pasadas semanas. Me refiero, desde luego, al proyecto y posible construcción de un tren rápido (TRT) que pretende unir y dividirá a la Península. El segundo tópico versa sobre la rehabilitación de un eje toral para la vialidad del norte de Mérida, utilizando tal vez demasiado concreto y una cuestionada visión de futuro. Y el tercero es la sorprendente decisión de la Fiscalía General que niega a los Ayuntamientos la potestad de proceder judicialmente contra funcionarios que presuntamente hayan incurrido en desviación o en saqueo de recursos públicos.

Los tres asuntos son de naturaleza distinta y alcances diferentes. Sin embargo, el trío de temas rebasa el estricto ámbito de su interés, porque alcanzan fibras muy sensibles de lo que somos y de los que aspiramos a ser como sociedad.

La realización física del Tren Transpeninsular ha puesto a debate, además de los posibles puntos de origen y destino, los costos de la obra, el impacto ambiental y social de su construcción y de su operación, así como los objetivos para el desarrollo a los que responde el proyecto original y los que, a juicio de los distintos sectores y analistas, debiera perseguir.

La posible habilitación de Punta Venado como puerto peninsular, que incluiría una terminal de combustibles y otra de cruceros, lleva a considerar el presente y el futuro de Progreso para competir. ¿Cómo hacerlo si carece de vía de ferrocarril hasta la terminal remota; si no se ha concluido el dragado del canal de navegación; si no tiene “puerto seco”, base logística indispensable para la operación portuaria?

La discusiones en torno al TRT han puesto sobre la mesa si los terrenos de “La Plancha” son la mejor opción para la llegada y salida de trenes rápidos. Si así fuera, habrá que construir una intrincada red de “pasos a desnivel” -para peatones y vehículos- que complemente la “jaula” con la que habrá de protegerse el paso del tren en la traza urbana meridana.

Este tema nos conecta con el presente y el futuro de las vialidades en Mérida. Los meridanos de mediados del siglo XX, autoridades y sociedad, no supieron responder a los retos de la modernización y el crecimiento urbano. Las calles diseñadas para carretas y caballos en la Colonia se mantuvieron cuando la invasión de automotores se hizo imparable. Obras como el Circuito Interior estaban rebasadas antes de su conclusión. En contraste, las ciudades que son ejemplo en el mundo (Vancouver, Canberra, Curitiva, entre otras) demuestran los beneficios del transporte público sustentable y nos enseñan alternativas para la movilidad no motorizada. Hasta la fecha, Mérida se mantiene en el esquema de rutas de camiones de los años 40 del siglo pasado, pero que hoy, además de socialmente oneroso, resulta caro, incómodo, contaminante e inseguro. Mientras las grandes urbes del mundo “van de regreso” en el uso y abuso del automóvil particular como medio de transporte, en nuestra ciudad se siguen convirtiendo “corazones de manzana” en estacionamientos y se amenaza con repetir la frustrante experiencia del “paso deprimido” para hacer del subsuelo del Paseo Montejo un inmenso estacionamiento.

La reconstrucción de la “nueva calle 60 Norte” parece confirmar el propósito municipal de que “nada cambie en los próximos 30 años”, tiempo de vida útil de una obra en la que se ha empleado cemento y varilla en cantidades industriales. ¿Por qué no se consideró un carril para ciclistas, sin afectar el flujo automotor? ¿Y un andador arbolado, como alternativa de traslado para los miles de niños y jóvenes que estudian en escuelas del rumbo? ¿Por qué esa aversión a las banquetas, a los espacios verdes, a los árboles y las jardineras?

La tercia concluye con una reflexión sobre las enormes dificultades que tiene una sociedad como la nuestra para lograr que quienes ejercen el poder público, en cualquiera de sus instancias, se conduzcan con honestidad. No hay ley que pueda sustituir a la voluntad política de cumplir y hacer cumplir el mandato de rendir cuentas. Escudarse en vericuetos jurídicos para evitar investigar una denuncia, como la interpuesta por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida contra sus antecesores, sólo aumenta la desconfianza ciudadana y la sensación de impunidad frente a toda clase de ilícitos, no sólo los presuntamente cometidos por funcionarios públicos. La razón me dice que existe la figura de la “suplencia de la queja”, que faculta a la autoridad para acompañar a las organizaciones ciudadanas o, como en este caso, a otras autoridades en la investigación de los ilícitos denunciados. Si no es así, ¿de qué instrumentos o recursos se puede valer la ciudadanía para incidir en la calidad del gobierno? No debe crearse la sensación de que sólo se investiga a los adversarios políticos y que a los correligionarios se les protege de cualquier indagación molesta. La frustración social es “caldo de cultivo” de justificaciones de conductas contrarias al interés colectivo, como dejar de pagar oportunamente los impuestos. En la dinámica de las sociedades no existen “compartimientos estanco”. La participación en las decisiones de interés común sobre el futuro, como el TRT y la vialidad en Mérida, demanda autoridades capaces y dispuestas a rendir cuentas y a sancionar a quienes se hayan apartado del recto camino de las leyes. Veremos.- Mérida, Yucatán.

[email protected]

—–

*) Ex gobernadora de Yucatán



Volver arriba