Tamaulipas, otra víctima

Eduardo R. Huchim May (*)

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Estado ineficaz

El mensaje, desesperado, resume lo que Tamaulipas está sufriendo desde hace demasiado tiempo, por lo menos 10 años: Tendejitos, carnicerías, taxis, peseras, cada vez más negocios pagan piso. El campo abandonado, secuestros y asesinatos cada vez más graves.

Por favor, vengan a Tamaulipas… como dijo el padre Goyo de Michoacán, acá todo es puro teatro también. Demasiado gasto en operativos espectaculares que sólo tienen resultados superficiales.

Todos aquí saben de los problemas que tenemos, menos las autoridades. La prensa está también controlada. Sugiero entrevisten a las trabajadoras sociales de los hospitales.

“Ustedes pueden hacer la diferencia”, concluye el e-mail enviado a varios periodistas, después de que el remitente se disculpa por reportar anónimamente lo que ocurre en esa entidad norteña y reconoce su miedo.

Es un miedo fundado producido por las acciones violentas del Cártel del Golfo, que es fama comenzó a tener gran influencia en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma. Éste y sus sucesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están siendo investigados por diversas autoridades de Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, y a Yarrington incluso le han sido incautadas propiedades y cuentas bancarias.

Si bien la atención pública se ha concentrado en Michoacán, lo cierto es que en Tamaulipas -donde también operan Los Zetas- hay un grito colectivo y desesperado de su población para evitar los excesos terribles de la delincuencia organizada, que ya no se limita al tráfico de estupefacientes sino que ha diversificado y multiplicado su actividad delincuencial.

Más de una década de complicidad entre el crimen organizado y gobernadores, funcionarios municipales y jefes policíacos -ha publicado Proceso (26/01/14)- permitió a los cárteles controlar la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hoteles, casinos y empresas de espectáculos, y a últimas fechas, tras incursionar en el robo de ganado, operan también carnicerías, dirigen la distribución del pollo y dominan las tortillerías.

Ante la explosión delincuencial derivada del narcotráfico, los gobiernos federal y local reaccionaron de forma errónea y supusieron que con la represión violenta a cargo de fuerzas militares y policiales, el problema se resolvería. Como he sostenido reiteradamente, el combate a sangre y fuego contra el trasiego de drogas no ha tenido éxito completo en ninguna parte del mundo y tampoco lo tiene en México. Sin embargo, el actual gobierno federal, igual que su predecesor, se resiste a replantear su política, pese a que ahora su estrategia tiene menos posibilidades de triunfo porque ya no sólo se trata de contrabando de estupefacientes, sino que el espectro delincuencial se diversificó.

No sobra recordar que lo pertinente en materia de drogas hoy prohibidas es optar por la regulación, comenzando por la mariguana. No hay racionalidad en el hecho de que aquí se esté matando a mexicanos para evitar el envío del cannabis a Estados Unidos, mientras ahí la regulación para su uso medicinal e incluso para uso recreativo es creciente. Son ya 21 estados donde el consumo de la hierba es lícito y California y Florida están en la lista para también despenalizar el uso del cannabis.

Donde sí es necesaria una enérgica labor policial coordinada e inteligente es en el combate de los otros delitos como la extorsión, el secuestro y demás azotes que laceran a la sociedad tamaulipeca. Algo semejante puede decirse de Guerrero, donde parece ya ha comenzado a intervenir el gobierno federal, si bien tanto ahí como en Tamaulipas, Michoacán y en todo el país la acción antidelictiva afronta un grave problema: la corrupción de gobiernos y policías.

Además de que ha perdido el monopolio de la violencia tanto por la acción de los delincuentes como por la legítima autoprotección desplegada por las autodefensas y policías comunitarias, el Estado mexicano muestra una gran debilidad porque dispone de muy pocos soldados y policías integralmente confiables. Una de las causas de esta difícil situación es el hecho de que, aun cuando son detenidos capos de elevada y mediana jerarquías, no se actúa con suficiencia en el área económica de los cárteles. Si éstos continúan disponiendo de enormes sumas de dinero, téngase por seguro que continuarán comprando armas, solidaridades, soldados, policías, alcaldes, gobernadores… Y la sociedad tamaulipeca y de otras entidades seguirá pagando el alto costo de un Estado ineficaz.- México D.F.

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@EduardoRHuchim

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*) Periodista




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