Reforma energética

Dulce María Sauri Riancho (*)

Tsunamis y reformas II

Si la reforma política fue un tsunami por la extensión, la energética lo es por la profundidad de los cambios que provocará. Desde la campaña electoral en 2012 las reformas en materia de petróleo y electricidad formaron parte de la plataforma del PRI y del discurso de su candidato a la Presidencia. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 las enuncia con gran amplitud. Parecía que el Pacto entre los partidos y el gobierno había logrado, al menos, matizar la posición extrema de Acción Nacional, que exigía apertura amplia e indiscriminada a la inversión privada.

Desde el sexenio pasado se publicitó ampliamente una serie de argumentos para legitimar una reforma en materia energética. El más importante consistía en destacar la “enorme” riqueza petrolera de México, inutilizada por falta de inversión porque el Estado carecía de recursos suficientes para llevarla a cabo. El remedio era sencillo: establecer mecanismos de contratación en que participaran particulares, ya no por cuenta y orden de Pemex, sino directamente. Desde luego, se dijo, la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo sería preservada.

El presidente Peña Nieto no desveló sus cartas, sino después de que se hubo logrado el consenso para llevar adelante las reformas en Telecomunicaciones y Educación. Su iniciativa para reformar la Constitución tocaba los emblemáticos artículos 27 y 28, además del 25. El PAN aprovechó la oportunidad para condicionar sus indispensables votos a cambio de la aprobación de una amplia reforma político-electoral, a la que hicimos referencia la semana pasada. La oposición del PRD, de Morena y de López Obrador se manifestó con amplitud, y, aunque las distintas encuestas de opinión mostraban la reticencia de la sociedad mexicana a aceptar una “privatización silenciosa” del petróleo, la realidad de las calles mostró una cierta indiferencia de la ciudadanía a expresar su enojo o preocupación frente a lo que estaba por venir.

Lo anterior explica que en un tiempo récord se hubiera concluido el procedimiento legislativo en las Cámaras de Senadores (de origen) y de Diputados; haya pasado a los Congresos de los estados y, en tres días, lograra la aprobación de la mitad más una de las legislaturas, condición necesaria para que la reforma constitucional sea promulgada en la sesión de la Comisión Permanente de hoy. Una vez que haya sido publicada en el Diario Oficial comenzará a correr el plazo para elaborar y aprobar la compleja legislación secundaria; es decir, las leyes que harán posible la aplicación concreta de las determinaciones del Constituyente. Hasta entonces no podrán ser satisfechas las exigencias de plena seguridad por los inversionistas extranjeros.

Aunque ustedes no lo crean, la reforma energética desarma cualquier atisbo de protección sobre Pemex y la CFE, transformadas en “empresas productivas del Estado”. Las empresas extranjeras, como Exxon, Shell, Chevron y otras competirán con Pemex para la asignación de nuevos contratos. Es más: para conservar los actuales, la empresa mexicana tendrá que demostrar mayor eficiencia que sus competidoras. Después de años de saqueo fiscal y de debilidad financiera, la empresa petrolera será como el flaco y añoso boxeador que se sube al cuadrilátero con el joven y vigoroso atleta cuya única preocupación es ganar. No se necesita ser profetisa para adivinar el resultado de esa lucha desigual. “… Te usé, te gasté, te tiré…”, sería un buen epitafio anticipado para la otrora empresa orgullo nacional.

El eje de las decisiones en política energética puede trasladarse de México hacia el exterior. Lo mismo sucedió en los bancos desde que en 1998 se levantó la restricción para su adquisición por parte de extranjeros. El comportamiento que priva en el sector minero es un adelanto de lo que pasará, muy probablemente, en materia de energía: gas, petróleo y electricidad incluida.

La inversión extranjera, que se prevé fluya a raudales una vez aprobada la reforma, también se pone sus moños. Desde luego, primero irá a lo más apetitoso: gasolineras y transporte; después, a lo menos rentable, como las refinerías. Cuándo, cómo y bajo qué condiciones irán a la exploración en aguas profundas, lo más riesgoso, está por verse.

Para la vida cotidiana de millones de mexicanos lo más importante es saber qué pasará con los precios de la gasolina, el gas y la electricidad. La profusa publicidad gubernamental compromete una reducción sensible de los recibos de luz como efecto inmediato de la reforma recién aprobada. ¿Cómo lo harán? ¿Aumentará el subsidio a las tarifas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para librar la elección de 2015? El tema de los subsidios es como una enorme caja de color negro chapopote. ¿Y si desaparecen?

La reforma constitucional en materia energética es una puerta abierta donde no hay marcha atrás. Los intereses en torno a la misma son demasiado poderosos para que el Estado mexicano pueda imponer una rectificación o cambio de orientación, aunque éste proviniera de la consulta popular, a la que el PRD apuesta como salida de emergencia ante las circunstancias.

El 18 de marzo de 1938 una inmensa ola de emoción inundó al pueblo mexicano ante un gesto de reivindicación de la dignidad nacional por parte del presidente Cárdenas. A diferencia de entonces, la reforma del 18 de diciembre de 2013 sólo provoca entusiasmo entre las élites y los poderosos. Algo debe significar. Quién sabe…- Mérida, Yucatán.

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*) Ex gobernadora de Yucatán




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