Transparencia sin rendir cuentas

Transparencia sin rendir cuentas

Acto de cinismo

Jesús Cantú (*)

La reforma constitucional promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado viernes tiene avances importantes en materia del acceso a la información, pero nulos en términos de rendición de cuentas, ya que no avanza un ápice en la posibilidad de premiar o castigar a los servidores públicos en función de sus actuaciones.

El acceso oportuno a la información completa, precisa y veraz sobre el ejercicio gubernamental es un elemento indispensable, pero no suficiente de la rendición de cuentas. Para que ésta exista se requiere, además, que el servidor público justifique sus opciones, decisiones y acciones y, desde luego, que sufra o disfrute las consecuencias de éstas.

Los servidores públicos entregan información a la ciudadanía y ésta debe tener la posibilidad de cuestionarlos, exigirles explicaciones y conocer con precisión las opciones disponibles, las razones detrás de sus decisiones y la motivación de sus acciones. En función de esta información y justificación, la ciudadanía puede premiar o castigar a los servidores públicos. Pero los tres elementos: información, justificación y sanción son indispensables para que exista la rendición de cuentas.

En la última década (a partir del 2003 cuando empezó la aplicación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), a pesar de las resistencias de los servidores públicos, se avanzó en el primero de los elementos; pero muy poco o nada se ha caminado en los otros dos. Hoy la ciudadanía tiene mucha más información sobre la actuación de los servidores públicos, pero no existen vías o formas de sancionarlos en función de la misma.

Los medios masivos de comunicación dan cuenta de los desvíos, atropellos, ineficacias, ineficiencias, irregularidades e, incluso, violaciones de derechos fundamentales y delitos que comenten los gobernantes; pero también de la impunidad reinante, pues en el peor de los casos (cuando la presión pública es tan grande que no le queda otra alternativa a su superior) es removido de su cargo, pero no sujeto a sanciones económicas, administrativas y/o penales.

Se considera que la remoción o despido de un servidor público es una sanción, cuando en realidad es simplemente el efecto de un deficiente ejercicio de su función como sucede en cualquier otro trabajo. La sanción implica el reintegro de recursos económicos desviados o dilapidados, la inhabilitación para ocupar otro cargo público, el pago de multas o hasta la pérdida de la libertad por las irregularidades, daños patrimoniales y/o delitos cometidos.

Entre los avances importantes de la nueva reforma constitucional en materia de transparencia se encuentran el otorgamiento de la autonomía constitucional al órgano garante, lo que en automático permite también ampliar los sujetos obligados, pues ahora sí incluye a los poderes Legislativo y Judicial, partidos políticos, sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. Las nuevas disposiciones también obligan “a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, con lo cual restringe las negativas de los sujetos obligados por la inexistencia de documentos; además obliga a preservar dichos documentos, decreta en la misma Carta Magna que sus resoluciones son “vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados” y establece medidas de apremio para hacerlas cumplir.

Por otra parte, para romper el control que los gobiernos estatales tenían sobre sus respectivos órganos garantes, abre la posibilidad a los particulares de recurrir las resoluciones de los órganos estatales que “determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información”, ante el nuevo órgano garante nacional.

El Constituyente Permanente también le otorgó la facultad de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, cuando considere que otras autoridades invaden su esfera de competencia o las nuevas disposiciones (a nivel estatal o federal) legales atentan contra la transparencia y el acceso a la información.

Ciertamente la legislación todavía es perfectible y otras naciones tienen disposiciones más avanzadas en la materia, pero hoy por hoy el principal problema no se encuentra en las disposiciones en la materia, sino en la imposibilidad de utilizar la información para ensanchar y perfeccionar la democracia.

En democracia el sentido de que la ciudadanía acceda a la información de los asuntos públicos es para ampliar y mejorar su participación en la elección de sus gobernantes, en el ejercicio de gobierno y en el control ciudadano del poder. Es decir, transformarla en mejores decisiones en los tres ámbitos fundamentales de la democracia y, por ende, tener mejores gobernantes; garantizar la vigencia universal de los derechos fundamentales, incluidos los sociales; y mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.

Lograr esta incidencia en el ejercicio y control de la autoridad requiere de instituciones que lo permitan, como son diversos instrumentos de democracia participativa y, desde luego, de mecanismos efectivos de rendición de cuentas horizontal y vertical. Y en esto poco o nada se avanza y las pocas reformas en este sentido se pervierten, nunca se promulga la legislación secundaria necesaria para su aplicación o se dificulta su aplicación en la legislación secundaria.

Así el mayor acceso a la información no logra sus objetivos primordiales y aun cuando hoy son más conocidos los abusos, atropellos, arbitrariedades, irregularidades y delitos de los gobernantes prevalece la misma impunidad, lo que en lugar de ayudar en la construcción de la democracia contribuye a debilitarla, por el desencanto que produce en la ciudadanía que no logra percibir los beneficios de la misma. Contrario a lo que predican los gobernantes, mayor transparencia no se traduce automáticamente en mejor rendición de cuentas, sino en un mayor cinismo de los gobernantes.- México, D.F.

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*) Periodista

Hoy la ciudadanía tiene mucha más información sobre la actuación de los servidores públicos, pero no existen vías o formas de sancionarlos en función de la misma




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