Telecom (y 2)

Un golpe a la Constitución

Autor: Javier Corral Jurado (*)

Es discriminatorio y excluyente el régimen planteado para las concesiones de uso social, indígenas y comunitarias; en este rubro, hay que decirlo con toda honestidad, el proyecto evolucionó hacia lo peor. Quedó peor el dictamen que la iniciativa: porque legaliza la marginación y la exclusión de las indígenas y comunitarias, mientras que la iniciativa del Ejecutivo era omisa. Ahora supeditan a las comunitarias e indígenas a vivir de la publicidad oficial de gobiernos locales y el federal, regla de la que por cierto, con saña inusitada, se excluye a las de uso social en general. Se quiere presentar como avance una reserva de 2 Megahertz de espectro para las comunitarias e indígenas, pero las confina a las franjas técnicamente menos favorables para las audiencias, tanto en la banda de Frecuencia Modulada, como de la Amplitud Modulada.

No sólo no se desarrolló un procedimiento simplificado para su otorgamiento, sino que ahora pretenden en el artículo 87 corporativizar en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la gestión y promoción de esas concesiones.

El articulo cuadragésimo primero del dictamen establece que las instituciones de educación superior de carácter público, que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con medios de radiodifusión de uso público, no recibirán presupuesto adicional para ese objeto, no vaya a ser que TV-UNAM, Radio Educación, IMER, el canal 22 , el canal 11, las estaciones de radio de las universidades locales, o los sistemas estatales de televisión no vaya a ser que soliciten recursos para enfrentar el avance tecnológico, particularmente lo que el proceso de digitalización les requerirá.

Se hace a un lado el mandato constitucional de garantizar con mecanismos efectivos la producción independiente. El sistema nacional de radiodifusión de servicio público queda en un instrumento del gobierno, bajo su control la gestión y operación.

En materia de medidas de competencia para la radiodifusión, son prácticamente inexistentes. Las medidas asimétricas que se imponen al preponderante en televisión abierta, la mayoría son irrelevantes; son inexistentes las reglas de propiedad cruzada. Y en el caso de la multiprogramación, bajo la fórmula prevista en la fracción II del artículo 158 se le otorgan al preponderante en radiodifusión exactamente los cuatro canales adicionales que tendrán los demás operadores, porque con la entrada de dos nuevas cadenas, el 50% señalado en la fracción les dará el mismo número que a los demás, precisamente por su carácter monopólico. No se les obliga al pago de una contraprestación, no obstante que multiplicarán el valor de explotación comercial del espectro.

En preponderancia el único dilema real es si se someterá o no a Televisa, para que enfrente de una vez por todas la competencia. Televisa es el único caso en el mundo que concentra directamente tanto la televisión abierta (60% de la audiencia) como la restringida (62% de suscriptores), situación que le otorga un enorme poder en la producción, compra y distribución de contenidos, así como en la venta de publicidad. Ése es el poder que usa como cañón frente a la clase política para cooptar, chantajear y conseguir leyes a su medida o expandirse a otros negocios como el de la telefonía, los casinos, los espectáculos o el deporte.

Al mantener la definición de preponderancia por sectores, se libera a Televisa de ser declarada preponderante en la televisión de paga. Dejarle sin esa declaratoria a cualquiera de las dos plataformas de transmisión es una simulación para que, incluso, le dé vuelta a las medidas asimétricas en donde la dejen suelta. Y no declararla preponderante en ninguna de las dos sería el ridículo mayor que hiciera el Presidente de la República y el Congreso ante México y el mundo.

La definición de sectores prevalece no sólo para liberarlo de medidas asimétricas en la TV de paga. Es la base para que tenga plena eficacia el Noveno transitorio del decreto que le permite a Televisa seguir concentrando sistemas de TV por cable sin requerir la autorización del IFT. Lo que se votará es perpetuar la desinformación, la banalidad y la enajenación de un modelo mediático, es mantener los negocios entre políticos y empresarios. La forma para enfrentar los monopolios es con un Estado fuerte que cumpla sus funciones y fines adecuadamente. Un Estado que regule la economía que sea árbitro y no jugador tramposo.

La empresa que ha puesto de rodillas al poder político de este país en varias ocasiones ha vuelto a hacer de las suyas; se le amplía su poder monopólico. Es por supuesto un momento de enorme regresión, frustración y desasosiego.

P.D. Vergonzoso e indigno de ostentarse como representante de Chihuahua ha sido el desempeño de la senadora Graciela Ortiz González al frente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, puesta al servicio de la contrarreforma en Telecomunicaciones. Son también reprochables los votos de Patricio Martínez y Lilia Merodio en favor del empoderamiento presidencial y el reforzamiento al monopolio mediático, pero ninguna actuación tan facciosa, obsequiosa e ignorante como la de la senadora Ortiz.- México, D.F.

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*) Senador panista

El sistema nacional de radiodifusión de servicio público queda en un instrumento del gobierno, bajo su control la gestión y operación…




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