Telecom

Golpe a la Constitución

Autor: Javier Corral Jurado (*)

El Senado de la República aprobó por 80 votos a favor y 37 en contra el dictamen que crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la que he llamado Ley-Peña-Televisa. Tuvo 51 votos del PRI, 22 del PAN, cinco del PVEM, uno del PT y uno de NA. Tuvo 21 votos en contra del PRD, 12 del PAN y cinco del PT.

Fue fácil conformar la mayoría para dar el golpe a la Constitución, con base en ofrecimientos de todo tipo, en donde la protección y apoyo de la TV se colocó con el mayor dulce en la boca de los que aspiran a ser candidatos a gobernador en sus estados. El grupo de senadores del PAN que mayormente impulsó el proyecto gubernamental en favor de Televisa fue el de los más cercanos al ex presidente Felipe Calderón; de hecho corrió a cargo de ellos la defensa e impulso del dictamen. El más servil de todos ellos al gobierno y al PRI fue el senador Javier Lozano Alarcón, su ex secretario del Trabajo, pero sin duda, quienes colocaron los argumentos más sofisticados en favor del proyecto fueron los senadores Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, y Roberto Gil Zuarth, el ex secretario particular.

No es sorpresiva la conducta de ese grupo en esa dirección, pues durante el sexenio de Felipe Calderón a Televisa se le dio todo lo que pidió. Venía desde su campaña presidencial ese compromiso, pues fue el impulsor más eficaz de la denominada “Ley Televisa” en el año 2006, para granjearse el favor de esa pantalla, “porque sin Televisa no ganamos”. Lo verdaderamente grotesco es que también desde la oposición ese grupo siga intercambiando bienes de la nación a cambio de favores políticos.

La reforma que se aprobó la madrugada de este sábado trastoca dos de los principales ejes de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión: promover la competencia, la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación, porque echa por la borda dos de sus grandes definiciones: la de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, y su concepción en materia de derechos humanos, centralmente el derecho a la información.

El Ejecutivo federal recupera por la vía de la ley secundaria atribuciones que la Constitución otorgó de manera directa y exclusiva al IFT en el artículo 28.

El caso más delicado en relación con las libertades de expresión y de información se produce en materia de vigilancia y sanción en la transmisión de contenidos de la radio y la televisión, así como en la administración de los tiempos de Estado.

Se le devuelve a la Secretaría de Gobernación, en el artículo 217, fracciones VI, VII, VIII, IX y X, facultades de supervisión, monitoreo, reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones, así como establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El gran paso que la Constitución dio para alejar del control político a los medios de comunicación lo revierte este dictamen de manera inaudita.

También a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le amplía en el artículo 9, fracción I, de manera contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, su opinión técnica en materia de prórroga de las concesiones.

La amputación más grave a la autonomía del Ifetel se desarrolla en sus atribuciones de competencia económica: el artículo noveno transitorio del dictamen es una disposición de excepción al régimen de competencia económica para que los concesionarios de telecomunicaciones puedan realizar concentraciones, sin autorización del Ifetel.

Le quitan uno de sus brazos, por una medida dirigida a autorizar a Televisa la compra de los sistemas de cable en el país, bajo el concepto de preponderancia por sector.

Los derechos de las audiencias se convierten en letra muerta, como lo han advertido los defensores de las audiencias de Radio Educación, Canal 22, IMER y MVS, porque los deja a la autorregulación de los medios, y en un acto de evadir la responsabilidad de los concesionarios propone sancionar “a los defensores de las audiencias” en el artículo 311.

En el artículo 256 se ordena que los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que dicte el IFT. O sea, que el Estado piensa dictarle la ética a los medios, pero no les pone obligaciones en la ley.

En los artículos 247 y 248 se incrementan los tiempos de publicidad a nivel de escándalo, y en el artículo 237 se exceptúan de contabilizar dentro de los límites de la publicidad los programas de oferta de productos o servicios, lo que vulnera lo dispuesto en la Constitución para equilibrar la publicidad con el conjunto de la programación, e incluso prevé otorgarle al Ejecutivo Federal espacios adicionales a los tiempos de Estado. (Continuará).- México, D.F.

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*) Senador panista




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