Reforma política descobijada

Reforma política descobijada

Contenido específico a los trazos delineados

Javier Corral Jurado (*)

La reforma político-electoral que busca —sin la celeridad que logró la energética— la aprobación de los Congresos locales para su declaración constitucional, y luego su promulgación, se impuso a partir del inicio de su vigencia el plazo de 90 días para producir la legislación secundaria en materia electoral.

Aunque sabemos que el Congreso flexibiliza con frecuencia sus propios mandatos, el lapso determinado para reglamentar esta reforma no podrá ser saltado sin consecuencias graves, toda vez que al adelantarse la fecha de la elección federal de 2015 al primer domingo de junio se hace un corrimiento del calendario y se adelanta el inicio del proceso. Todo eso queda comprendido dentro de la taxativa constitucional que prohibe realizar reformas electorales en el periodo comprendido de 90 días antes de que se inicie formalmente el proceso.

La legislación secundaria es relevante; le dará el contenido específico a los trazos delineados en los principios constitucionales y en el amplio articulado transitorio. La tarea reglamentaria impuesta es monumental: en materia estrictamente electoral deberán producirse por lo menos tres nuevas leyes. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales; la ley general que desarrolle las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y los procedimientos electorales y la ley general en materia de delitos electorales.

Viene el tiempo de la precisión, el detalle, el desarrollo técnico de las nuevas figuras. Eso y la integración del nuevo INE se constituyen en los mayores retos para dar certidumbre organizativa a las elecciones y demostrará si el compromiso con la imparcialidad y el profesionalismo se concretará en los hechos para seleccionar a los nuevos consejeros electorales. Un INE que termine en cuotas partidistas, por la vía del amiguismo o el compadrazgo, derrumbaría todo el discurso sobre el que se concentró la justificación de una sola autoridad electoral nacional.

A diferencia de las ponderaciones que se hacen de la parte política de la reforma constitucional (autonomía del Ministerio Público, gobiernos de coalición, reelección legislativa federal y local, así como de los ayuntamientos), la parte electoral ha merecido agudas críticas; existe un descobijamiento de expertos en la materia electoral y un grueso del importante sector intelectual que desde hace más de dos décadas ha venido impulsando la democratización del país, ha realizado un balance muy poco positivo de sus saldos. También los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral Marco Baños, Lorenzo Córdova, María Marván y Benito Nacif han deplorado varias de sus partes.

No hay duda de que la posición más importante es la publicada el 9 de diciembre de 2013 por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (ITED), que preside Ricardo Becerra, y en la que se asienta una serie de observaciones a partir de considerar que la reforma tiene “problemas de concepción y concreción que inyecta incertidumbre al conjunto del sistema electoral nacional”.

Dada la trayectoria de esa agrupación, y que entre los firmantes están varios de los más destacados “electorologos” de México (José Woldenberg, Pedro Salazar, Ciro Murayama, Luis Emilio Giménez Cacho, Ricardo Raphael, Agustín Castilla, Jorge Javier Romero), me parece importante atender esa valoración como oportunidad para clarificar, ampliar o precisar conceptos en el trabajo reglamentario por venir, o incluso caminar una senda de corrección en la parte que así se considere necesario.
No estoy de acuerdo con todos los planteamientos que hace el IETD, mucho menos con ese tañer de campanas por la democratización y la estabilidad política que, dicen, ha funcionado “admirablemente bien” durante las dos últimas décadas. La gran omisión de ese documento es no hacerse cargo, no sólo de la manera tan desigual como ha evolucionado en las entidades federativas las reglas para contiendas electorales imparciales, transparentes y justas, sino del franco retroceso e involución que se produce en varios estados. Sin embargo, esa posición, por lo que ese grupo representa y por lo que sus ideas han contribuido al desarrollo democrático, debe abrir un diálogo en el Congreso que no tuvo lugar en la primera etapa.

El IETD señala que la reforma modifica el modelo organizativo de las elecciones en México “sin aclarar cómo se instrumentarán en la práctica las elecciones en los estados, lo cual resulta inquietante”. Es necesario recoger esa inquietud.
“Se abandona un esquema de competencias ciertas y previsibles que sujetan a la autoridad administrativa electoral. Por el contrario, se da paso a una nueva autoridad electoral nacional, el INE, que de todos modos está obligado a coexistir con autoridades electorales estatales pero esta vez en un plano más confuso y en muchos sentidos incoherente. El INE no fue dotado de mandatos firmes e inexcusables, y por el contrario fue expuesto a ejercer un cúmulo de facultades discrecionales”. Me parece que esto es imbatible, y por eso mismo, atendible.

“El INE será competente para llevar al cabo, en los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, determinar la geografía electoral, integrar el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de las mismas, fijar las reglas de los resultados preliminares, los conteos rápidos, la realización de encuestas, imprimir documentos y producir materiales electorales, así como para realizar la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos políticos. Sin embargo, todas esas atribuciones “pueden” delegarse a los órganos locales con una mayoría de ocho votos de los 11 consejeros que ahora conformarán el Consejo General del INE.— México, Distrito Federal.

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*) Senador panista




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