Participación al pueblo

“¿Por qué no nos pidió opinión para la reforma energética?”, fue el grito con que interpeló a Peña Nieto desde el fondo del salón Tesorería del Palacio Nacional el joven Daniel Blázquez Aguilar, cuando el mandatario, eufórico, pronunciaba uno de sus acostumbrados discursos encomiásticos a su propio régimen, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, minutos después de haber firmado, entre bombo y platillos, en el patio de honor del mismo suntuoso edificio el decreto por el que devolvió la explotación del petróleo a las empresas extranjeras, a las que les fue expropiado en 1938.

De inmediato, los guaruras que hormiguean en todos los eventos del jerarca disimulados entre el público lo inmovilizaron y a jalones y empujones lo sacaron del salón. No obstante la continua propaganda del gobierno peñista de que en México se respeta la libertad de expresión, este acto demuestra el talante que lo anima, no muy diferente al de quienes cortaron la lengua a un senador demócrata -Belisario Domínguez- en 1913, por haber criticado acerbamente a un gobierno golpista.

Si no se atreven a tanto es porque las circunstancias de entonces no son las mismas que hoy.

La voz de este joven, sin embargo, expresó la de millones de mexicanos que, indignados, elevamos la nuestra para preguntarle a ese gobierno y a sus aliados en la extraordinariamente antidemocrática acción que realizaron: ¿por qué no nos consultaron? ¿Por qué frente a la más trascendental de todas las reformas hechas en 75 años -que afectará la vida de todos los mexicanos, actuales y de las generaciones futuras- el pueblo de México fue ignorado?

Peña Nieto y copartícipes se pasaron por el arco del triunfo el artículo 39 de nuestra Constitución que, de manera que no admite réplica, proclama: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”.

Desoyeron lo que dice nuestra Carta Magna y suplantaron al soberano, que no es ni Peña ni los obsecuentes senadores y diputados -federales y locales-, que por razones egoístas aprobaron en pocos minutos un cambio que beneficiará principalmente a las transnacionales extranjeras y a las mafias políticas, que recibirán su parte de esta venta de garaje, sino, como dice nuestra ley de leyes, el pueblo. Ese pueblo al que ignoraron, pero sobre el que repercutirán los cambios que aprobaron que impactarán negativamente sobre la soberanía, la ecología, la economía nacional y las condiciones de vida de los mexicanos, que alterarán el contrato social sobre el que se funda la existencia misma de la nación. ¡Todo esto sin consultar al pueblo!

Lo hicieron, además, a pesar de que saben que existe ya en la misma Constitución, en su artículo 35, un apartado que otorga el derecho a los mexicanos a ser consultados “sobre temas de trascendencia nacional”, con “resultados vinculatorios”; es decir, de cumplimiento obligatorio para todos los poderes y sin tener en cuenta que sólo alguien que ande mal de la cabeza o un cínico a ultranza podrían aseverar que la enajenación de la riqueza natural más importante del país a intereses extranjeros no es un asunto de ese nivel, y que está por encima de todas las consideraciones superfluas que se quieran emplear como pretexto para eludir la participación del pueblo.

Millones de mexicanos no estamos conformes con esta alteración a los principios básicos de la democracia en que han incurrido y lo siguen haciendo al continuar su oposición a la consulta los autores del atentado, no obstante llamarse a sí mismos, buena parte de ellos, demócratas.

Exigimos que, aunque ya haya sido aprobada, la reforma sea sujeta a esa consulta a todos los ciudadanos que se plantea. Si la mayoría de los mexicanos decide que deben proceder los cambios constitucionales que se hicieron, quedaremos sin sustento los que estamos en contra, para seguir insistiendo; pero si es al revés, el gobierno en su conjunto deberá obedecer el mandato del pueblo mexicano.

No hacerlo sin duda ocasionará una muy larga etapa, innecesaria, de agitación nacional que puede evitarse si se hace uso de esa herramienta extraordinaria de la democracia que es la participación del pueblo por medio de la consulta popular.- Mérida, Yucatán.

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Por Filiberto Pinelo Sansores

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*) Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa




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