¿Para qué el engaño?

Por Gustavo Efrén Escudero Torres

Hace algunos días el abogado Rubén Bolio Pastrana publicó un artículo titulado “Un Tribunal Municipal improcedente”, declarando que carece de fundamento legal la instauración del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida y que le parecía poco acertada la postura del primer edil al proponer al Cabildo la integración del mismo.

Con el debido respeto, me permito disentir de tales aseveraciones por dos razones fundamentales: la primera, porque los profesionales del Derecho no podemos quedarnos pasmados ante declaraciones que atentan contra el sistema jurídico de nuestro país y ponen en entredicho la seriedad con que se deben tratar las cuestiones jurídicas; la segunda, no menos importante, para impedir que mediante argumentos falaces se trate de engañar a la opinión pública induciéndola a creer algo que es falso.

En primer lugar, resulta inadmisible la declaración relativa a que “carece de fundamento legal” la instauración del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, pues de manera por demás sorpresiva el abogado ignora o desconoce las disposiciones que sobre esta materia están contenidas en nuestra Constitución Federal y en la particular del Estado.

Resulta lamentable que mediante un cometario hecho con tanta ligereza, irreflexivo, se pretendan ignorar los derechos de los habitantes del municipio de Mérida -o de cualquier municipio del país-, dado que en nuestra Carta Magna, la fracción II del artículo 115 dispone que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas.

La Constitución Federal es precisa en señalar que el objeto de esas leyes será establecer, entre otras cosas, los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares.

En ese mismo orden de ideas, la base Decimoséptima del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Yucatán establece: “La ley establecerá un sistema de medios de impugnación y resolución de controversias entre la autoridad y los particulares, en materia de lo contencioso administrativo municipal”.

Más aún, en el artículo 81 de la propia Constitución Estatal se establece: “Artículo 81.- La ley que organiza el funcionamiento de los ayuntamientos, establecerá un sistema de medios de impugnación en materia de lo contencioso administrativo, para dirimir las controversias que se presenten entre la administración pública municipal y los particulares; con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, profesionalismo, gratitud y proximidad. Los Municipios conforme a lo anterior, podrán contar con Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

“Dichos organismos privilegiarán la conciliación como mecanismo de solución de controversias.

“En los Municipios que no cuenten con un Tribunal Contencioso Administrativo, resolverá las controversias a que se refiere el presente artículo, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado”.

¿Se quiere más fundamento legal que las prescripciones citadas de los ordenamientos constitucionales?

No se pueden negar los derechos de los habitantes del municipio de Mérida a través de comentarios imprudentes que en lugar de defender los derechos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas pretendan inducir a error a la opinión pública, lo que resulta por demás infame.- Mérida, Yucatán.

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*) Abogado, M.A.P.




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