Oportunidad de cambio

Por Mario Maldonado Espinosa

Nuestro estado prácticamente cuenta con una nueva ley en materia de derechos humanos. Interesante ha sido el camino que ha recorrido este asunto aquí en Yucatán. Han sido dos las últimas leyes que empezaron a darle un nuevo impulso a la protección de las personas en la entidad, la del año de 1993 y la del 2002; han pasado casi 12 años para ver a la luz una nueva ley.

Independientemente de la creación de nuevas estructuras y atribuciones, hay algunos elementos que no podemos pasar inadvertidos para entender la nueva etapa en la que entrará la protección de los derechos humanos aquí.

Debemos partir de que en el año 2011 se realizaron a la Constitución Federal diversos cambios en materia de derechos humanos, estos cambios apenas se armonizaron en nuestra Constitución en el mes de julio del año pasado.

Con la nueva ley se establece de manera clara que toda autoridad o servidor público está obligado a responder las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey); es decir, la Comisión tendrá que recibir una respuesta de los servidores públicos, de lo contrario éstos incurrirían en responsabilidad; pero que además, cuando las autoridades no acepten o no cumplan con las recomendaciones, éstas deberán fundamentar y motivar su negativa. A esto se le añade un asunto no menos importante: el de hacer pública su negativa. Esto significa que a partir de la entrada en vigor de estas reformas las autoridades tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos de manera pública, lo cual permite transparentar las acciones y omisiones de los servidores públicos.

Por otra parte la nueva ley abre la posibilidad de que los funcionarios públicos sean citados ante el Congreso para que ante los representantes de los ciudadanos expliquen personalmente el por qué se negaron a aceptar las recomendaciones realizadas por la Codhey.

En efecto, con la nueva norma la Codhey tiene la enorme oportunidad de fortalecer su autonomía, que sus actos obedezcan únicamente a la protección y restitución de los derechos de los yucatecos, cuando éstos se vean vulnerados por alguna autoridad.

Ese organismo, en su informe del año pasado, reconoció que del año 2012 al 2013 recibió un total de 3,896 quejas, que en el mismo lapso se registraron un total de 1,234 hechos violatorios y que los más recurrentes fueron las detenciones arbitrarias; en tanto que las autoridades más demandadas fueron la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y la Fiscalía General, todas del Estado.

Bienvenidas todas las leyes que beneficien a los yucatecos, bienvenidas la reformas; sin embargo, también hay que tomar en cuenta otros aspectos, tal y como ha declarado recientemente el secretario general de Amnistía Internacional (AI) al manifestar que todas las reformas estructurales son importantes, pero ninguna de ellas puede ocurrir a costa de los derechos humanos, refiriéndose, entre otros temas, a las desapariciones forzadas y a lo preocupante que es que en algunos estados no se cumpla el debido proceso y se permita obtener evidencias y confesiones mediante torturas.

En otras palabras, mientras sigan muriéndose personas en las cárceles, mientras al ciudadano le sigan atropellando sus derechos, mientras existan violaciones a la integridad y seguridad personal, allanamientos de moradas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, retenciones ilegales y violaciones a la legalidad; mientras esto exista y no se restituyan inmediatamente los derechos a las personas afectadas, no podemos hablar de nuevos paradigmas en los derechos humanos.

Hacemos votos para que esta nueva ley se aplique cabalmente para beneficio de toda la sociedad yucateca.- Mérida, Yucatán

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@mariomaldonadoe

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*) Asesor Jurídico




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