México, como en 1910

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El efecto placebo de la democracia

Mario Lope Herrera (*)

¿Existe en México la posibilidad de un estallido social armado, organizado y confabulado, como en 1810 y 1910? Para contestar esta pregunta habría que revisar qué fue lo que motivó a aquella sociedad de los siglos XVIII, XIX y XX a tomar las armas y dar un certero golpe de Estado.

Entre 1808 y 1810, el imperio español había sufrido severas bajas en la guerra contra Francia. José Bonaparte había sido impuesto rey de España por su hermano Napoléon, y Fernando VII, quien era el monarca español vigente, dispuso que las autoridades cooperaran con el gobierno francés.

Durante esos dos años los españoles resistieron una guerra encarnada por el poder y la ocupación contra los franceses, que les dejó una estela de bajas civiles, militares, materiales y con un profundo vacío de poder y las arcas reales disminuidas.

Al recuperar paulatinamente el reino, José I, apoyado por el inicio de la campaña de Rusia y Wellington, debió tomar acciones para continuar contra la ocupación francesa.

Una de esas fue presionar a las Cortes para promulgar reformas sociales y económicas. España debía llenar de nuevo las arcas. En consecuencia, las colonias fueron afectadas severamente con una nueva ola de impuestos directos, contribuciones indirectas y una terrible carga fiscal al comercio interior.

El criollo, mestizo e indio en la Nueva España era explotado por la Corona y reducido en cuanto a derechos. La Iglesia no escapaba a estas reformas ya que “contribuía con aportaciones de conventos y monasterios, obispos y consejeros catedráticos, e incluso del Real Fisco de la Inquisición” (Carlos Marichal y Daniela Marino, “De la Colonia a Nación, impuestos y política en México 1750-1860″. Editorial El Colegio de México. Página 37).

Impuestos a la minería, a la agricultura, el comercio (diezmo, alcabalas, almojarifazgos), al pulque, a la exacción indígena, a la venta de indulgencias, a los ingresos extraordinarios, al tabaco y otros eran cargas que el colonizado ya no podía seguir ni pagando ni tolerando.

A raíz de estas reformas hacendarias, en la Nueva España se conjuraba el golpe. La institución eclesiástica y las autoridades civiles, tocadas por el brazo de la Corona, levantaron la voz en medio de la agitación social y la violencia que comenzaba a manifestarse contra los españoles. Fue una intimidación semejante a la de nuestros días.

En 1910 el contexto sociopolítico era opuesto. Podríamos afirmar que tres causas desencadenaron el conflicto social que agotaba la paciencia del ciudadano decimonónico: la dictadura, el latifundismo y el imperialismo.

Porfirio Díaz estuvo en el poder de 1876 a 1910. Su gobierno estuvo fuertemente marcado por aquella definición de Lenin de que el Estado es un instrumento para administrar los intereses de la clase política, oligárquica y empresarial. Por muy anacrónica que parezca esta definición y su carga marxista, ¿acaso no define al Estado mexicano actual? ¿No opera en México un porfiriato, ya no en forma de partido, sino en forma de Estado per se? ¿Se parecen, en su estructura y motivación, las reformas de la Corona Española y el Estado mexicano, aunque en contextos y coyunturas heterogéneos? ¿Cómo definir “Estado” cuando éste, desde su concepción y premisa como tal, opera desde perspectivas históricamente asimétricas con la democracia? Para el mexicano que vota cada seis años la práctica democrática se ha vuelto un placebo peligroso.

El mexicano del siglo XXI no tiene grandes diferencias sociales con los del siglo XVIII, XIX y XX. Hoy el latifundismo se llama monopolio.

La dictadura se llama partido político o bipartido político (un híbrido de dos partidos, ecléctico, de corrientes ideológicas opuestas e históricamente antagonistas) y el imperialismo se llama privatización y tratado de libre comercio con los grandes países del mundo.

Ante estos escenarios, convendría citar aquella máxima de Simón Bolívar que reza: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. A nuestros tiempos debemos sumar los conflictos sociales por narcotráfico y extorsión de estos grupos criminales, el ignoto estado de derecho, las reformas miopes que pretenden maquillar frente al ciudadano común y corriente, y enaltecer frente a nuestros socios comerciales (y ante la presión de Estados Unidos) la ausencia de una política económica sostenida en la que tenga apoyo y robustez el comercio interno, y, finalmente, la falta de poder adquisitivo del grueso de la población frente a las constantes alzas de los precios de lo ridículamente necesario para sobrevivir.

Conteste usted la pregunta: ¿Existe en el país la posibilidad de un conflicto social armado, organizado y confabulado, o estamos en un estadio social civilizado donde podemos resolver estas crisis desde las instituciones?- Mérida, Yucatán.

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@lopeherrera77

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*) Licenciado en Ciencias Antropológicas egresado de la Uady y escritor




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