Los paramilitares en México

Los casos de Michoacán y Guerrero

Jorge Zepeda Patterson (*)

Nadie puede negarle a las comunidades el derecho a defenderse si el gobierno es incapaz de detener la expoliación sistemática de las mismas por parte del crimen organizado. Ningún individuo o grupo de individuos está obligado a ser víctima pasiva, una y otra vez, del secuestro, la extorsión o la violación de hijas y familiares.

Las brigadas de autodefensa que han surgido en diversas zonas, principalmente en Michoacán y Guerrero, no son una moda de temporada. Son el resultado de años de abuso y de la consiguiente exasperación contenida.

Años de apelar a las autoridades locales y foráneas con el único resultado de constatar la impunidad que nace de la negligencia o de la corrupción.

Por lo mismo resulta difícil reprochar algo a las comunidades que han decidido generar brigadas de autodefensa para enfrentar al crimen organizado y al desorganizado. Y sin embargo, la historia muestra que es una vía anacrónica y que entraña peligros tan graves como los que intenta resolver. Constituye un salto atrás en el proceso civilizatorio; una solución que borra de cuajo siglos de consolidación de un régimen político y de un orden institucional.

Primero, porque ¿quién regula la elección de estas brigadas al interior de las comunidades? ¿son una expresión democrática o la imposición de los bravucones del pueblo? Y una vez organizadas, ¿quién se asegura que no terminen abusando de su propia autoridad en detrimento de la comunidad o de sus integrantes más débiles?

Segundo, ¿cuándo dejan de ser brigadas de autodefensa y cuándo comienzan a ser brigadas de ofensa? Buena parte de las comunidades rurales en este país están inmersas en conflictos nuevos y viejos entre sí, por asuntos limítrofes o por el acceso a recursos como el bosque, el agua o las tierras para la agricultura y el pastoreo. Permitir el desarrollo de “ejércitos” en cada comunidad equivale a sembrar las bases de infinidad de guerras y convertir al territorio mexicano en un campo minado. En pequeña escala fue justo lo que sucedió en Chiapas cuando el gobierno (estatal y federal) propició que diversas comunidades contrarias al zapatismo se armaran con el propósito de contener al movimiento indígena. Varias de estas comunidades usaron las armas largas para cobrarse viejas rencillas con los pueblos o las etnias vecinos.

Tercero, una vez que una comunidad decide asumir por cuenta propia el tema de la seguridad pública, inicia de manera natural un camino creciente hacia la autonomía, por no hablar de un autismo local.

Pronto asume que si ya está ejerciendo las tareas policíacas debe cubrir también las relacionadas con la justicia. Y si constituye sus propios tribunales capaces de impartir y ejecutar sentencias, ¿por qué debe pagar impuestos a las autoridades foráneas? ¿Por qué obedecer leyes que no son las propias? ¿Por qué no cobrar al que transite por la carretera que cruza su territorio?

Cuarto, la proliferación de fuerzas paramilitares constituye la coartada perfecta para que el crimen organizado se haga del control de comunidades a las cuales había expoliado desde afuera o sangrado en calidad de parásito. Nada impide que los capos pertrechen de armas largas y vehículos al matón del pueblo y a sus amigos, y éste se erija en jefe de la defensa local. ¿Quién va a ser el guapo que le diga que no? En ese sentido, las brigadas de autodefensa pueden constituirse en la cara legitimadora de los cárteles en contra de otros cárteles y el gobierno mismo.

En suma, los daños que entraña el recurso de protegerse por mano propia son infinitamente mayores que el perjuicio que intenta combatir. La violencia generalizada que ha estallado en los últimos días en algunas ciudades de Michoacán es apenas el inicio de esa debacle.

Insisto, no se puede recriminar a las comunidades, desesperadas como están, por la violencia crónica. Pero sí se debe recriminar al Estado. Las autoridades no pueden recurrir, como lo están haciendo, a tratar de distinguir entre brigadas “buenas y malas”. Es un camino subjetivo, falible y sujeto a la corrupción. En el peor de los casos pueden reclutar tales brigadas para reconstruir cuerpos policíacos locales, pero la noción de brigadas de autodefensa es inadmisible.

Como también es inadmisible la abdicación del gobierno de su papel de garante de la seguridad pública. Casi siempre lo ha hecho mal, pero nunca había renunciado a intentarlo. Algo debe hacer el gobierno y debe hacerlo ya. No se trata sólo de estar perdiendo una batalla en contra del crimen organizado. De lo que se trata es que se está disolviendo el contrato fundamental entre sociedad y Estado, eso que convierte al territorio en un tejido social e institucional, y no en una sucesión de feudos salvajes sujetos a la ley del más fuerte.- México, Distrito Federal.

Web: www.jorgezepeda.net

@jorgezepedap

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*) Periodista



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