Las elecciones, en riesgo

Las elecciones, en riesgo

Por Jesús Cantú

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El Congreso de la Unión incumplió el plazo máximo que se autoimpuso en un transitorio de la reforma constitucional para aprobar, a más tardar el 30 de abril pasado, las leyes o reformas a las leyes secundarias que regularán la reforma político-electoral publicada el pasado 31 de enero en el Diario Oficial.

Ya no sorprende que el Congreso incumpla estos plazos, porque ha sido la norma en casi todos los casos, basta recordar que la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, en materia de propaganda gubernamental, debería estar concluida desde el 14 de diciembre de 2007 (en el artículo 4 transitorio los legisladores se dieron 30 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2007) y 6.5 años después de la fecha autoimpuesta ni siquiera existe una iniciativa formal de la misma.

Sin embargo, en este caso el tema es crítico porque la demora pone en riesgo las elecciones en las 17 entidades que tendrán elecciones concurrentes con la federal el próximo 7 de junio de 2015 y, muy particularmente, en las nueve que renovarán a sus gobernadores, pues una vez que concluyan su tarea los legisladores federales empezarán las del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras cosas para designar a los integrantes de los Consejos Estatales; y de los Congresos estatales, para hacer las reformas constitucionales y legales indispensables para hacer realidad los comicios del próximo año.

Y una vez que los congresos estatales aprueben las reformas constitucionales, empezará de nuevo la labor del Senado para designar a los integrantes de los Tribunales estatales, pues la Constitución simplemente señala que éstos estarán constituidos por un número impar de miembros, pero no específica el número exacto, por lo cual esto lo tienen que hacer los Congresos estatales en las constituciones estatales.

El problema principal estriba en que la fracción II del artículo 105 constitucional dispone que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Y, de acuerdo a la práctica generalizada, esto sucederá el próximo 7 de junio, es decir, un año antes de la jornada electoral, pues en el caso federal y, por imitación en la mayoría de los estatales, el proceso electoral inicia nueve meses antes de la jornada electoral y los 90 días previos, conducen a dicho plazo.

Así que apegándose a dicho plazo, en el mejor de los casos, los Congresos estatales tendrán 53 días para realizar sus reformas constitucionales y legales, considerando que el Congreso de la Unión logre aprobar las leyes secundarias antes del 15 de mayo.

Considerando las restricciones constitucionales, bien vale la pena que los legisladores federales empiecen a considerar algunas alternativas extraordinarias para el próximo proceso electoral; la extrema sería la celebración de las elecciones estatales hasta el primer domingo de julio, como tradicionalmente se ha hecho y está establecido en las constituciones y leyes estatales, con lo cual darían un mes más para procesar las reformas en las entidades federativas.

Pero además de esa también podrían reducir los tiempos de proceso electoral, o bien, abrir la posibilidad de que la designación de los integrantes de los Consejos y/o Tribunales estatales se haga una vez iniciado el proceso electoral. Aunque hay mucha actividad de planeación que se tiene que hacer en los primeros meses del proceso electoral, en realidad las primeras actividades que requieren un inicio formal son las precampañas, que en los estados con elección de gobernador, sería aproximadamente el 15 de diciembre, por lo cual el inicio del proceso electoral podría retrasarse en forma extraordinario hasta unos 45 días previos, lo cual daría casi 60 días más para el procesamiento de las reformas y la designación de los integrantes de los órganos electorales estatales.

El retraso del inicio del proceso electoral se facilita más en esta ocasión, porque los Consejos Locales y Distritales del INE ya están designados y pueden iniciar los procedimientos de capacitación y organización electoral, ya que aunque la reforma contempla mantener la doble estructura, en los hechos se trata de una sola institución.

Todas estas medidas simplemente permitirían extender los plazos legales y evitar impugnaciones jurídicas que pongan en riesgo la validez de la elección, pero no corrigen lo que hoy ya es una realidad: las reformas se harán apresuradamente y sin suficiente discusión y análisis; muchas otras simplemente quedarán a medias o no se realizarán, como sucede hasta el momento con la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional; y, en otros casos, aunque se concreten las reformas será imposible aplicarlas porque los tiempos no permitirán su aplicación, como puede ser el caso de las candidaturas no partidistas, especialmente si se concretan los excesivos requisitos que se pretenden establecer.

Lo cierto es que hoy no existe riesgo mayor para la realización de las elecciones federales, pues en términos generales prevalecen las mismas disposiciones y hay tiempo suficiente para promulgar la nueva legislación (probablemente no toda, pero sí al menos las que sustituyen las que estaban vigentes hasta antes de la reforma constitucional); pero la irresponsabilidad de los legisladores federales sí pone en riesgo las elecciones estatales, particularmente en los estados que eligen gobernador, especialmente porque no hay elementos para suponer que los legisladores estatales serán menos irresponsables que los federales.- México, D.F.

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*) Periodista




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