Innovaciones en los juicios orales (1)

Innovaciones en los juicios orales (1)

Cuestiones jurídicas

Rubén J. Bolio Pastrana (*)

Al estar ya vigente el nuevo régimen de justicia oral en todo el estado, el próximo paso para su perfeccionamiento debe ser la puesta en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, (Código Único), el cual regirá a partir de los 60 días naturales de que la legislatura local haga la declaratoria correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de justicia Penal Acusatorio.

La legislación en cuestión contiene marcadas innovaciones, pues en el proceso penal que se instituye en dicho ordenamiento legal existen soluciones alternas en cuanto al curso que se debe seguir a quien se le imputa la comisión de algún delito, evitándose así la pena carcelaria, siendo principalmente dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión provisional del procedimiento incoado contra el indiciado.

Los acuerdos reparatorios son convenios celebrados entre la víctima y el acusado, generalmente en torno al resarcimiento de los daños sufridos por el ofendido, para que una vez aprobados por el ministerio público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tengan como efectos la conclusión del proceso, con la no imposición de pena de prisión al presunto delincuente.

Estos pactos entre ambas partes, en la forma relatada, sólo son procedentes en las hipótesis siguientes: I. Cuando se trata de delitos que únicamente se persiguen por querella; es decir, que la denuncia no puede ser formulada por cualquier persona, como en los hechos delictivos que se inician de oficio, sino que necesariamente tiene que ser presentada personalmente por el afectado o por conducto de su apoderado, v.gr: fraude, abuso de confianza, lesiones simples, estupro, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y otros que están catalogados así en el Código Penal; II. Delitos culposos, que son los que resultan de alguna conducta imprudencial, como por ejemplo, el homicidio, y/o lesiones y/o daños materiales, derivados de un accidente de tránsito; y III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Por ejemplo, el robo perpetrado en casa deshabitada.

En los eventos relacionados y muchos otros que poseen las mismas características, es factible legalmente que si el agraviado por el delito y el presunto responsable convienen en que éste le dé una compensación económica u otras prestaciones a título de indemnización por el perjuicio sufrido, realizado el pago y aprobado por el juzgador, no se ventile juicio alguno que condene a sanción corporal al autor de la infracción reprobable, o sea, que es una salida alternativa por la que puede extinguirse la acción persecutoria preservándose la libertad del reo.

Estas concertaciones son operantes hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio, de modo que el juez de control podrá suspender las diligencias procesales hasta por 30 días, para que los interesados tengan la oportunidad de concretar el convenio, con el apoyo de la autoridad competente en la materia.

Los participantes podrán suscribir acuerdos reparatorios de realización inmediata o diferida; en ambos casos, el tiempo fijado es suspensivo de la causa indicada, pero si hay incumplimiento, se continuará con el juicio como si no hubiese existido el pacto en cuestión. Si se ejecutaren las prestaciones contraídas, el juez decretará la extinción de la acción penal, mismo decreto que equivale a un sobreseimiento a favor del inculpado, quien no pisará el reclusorio, aunque hay que recalcar que la parte agraviada debe estar conforme con el desenlace a que conllevan esos compromisos compensatorios si se somete a ellos; en otras palabras, se trata de una justicia retributiva, la cual se centra en reparar el daño sufrido por el ofendido o la víctima, más que en castigar a los delincuentes.

Cabe advertir que el Código de Procedimientos Penales aplicable en los juzgados de esta ciudad desde el 3 de los corrientes contiene parecidos medios alternos, pero con condiciones bastante diferentes a las estatuídas en el ordenamiento comentado en este editorial, cuya fecha exacta para su vigencia aún desconocemos.— Mérida, Yucatán.
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*) Abogado. Notario público




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