Historias de malolandia: Propuestas para el sistema de justicia

Alberto López Vadillo (*)

En nuestra entrega anterior decíamos que los tres grandes preceptos sobre los que se basa el nuevo sistema de justicia penal son el respeto al debido proceso, cuidado de la Fiscalía que investiga y consigna los delitos; la presunción de inocencia, a cargo de los jueces que dirigen los nuevos juicios de oralidad, y la reinserción social, responsabilidad de la dirección de prevención y reinserción social, y de los jueces de ejecuciones y sanciones. Estos serán los tres grandes pilares sobre la que estará sostenida la justicia en el país y en nuestro estado durante las siguientes generaciones.

Decíamos también que para respetar y hacer valer estos preceptos habría que hacer algunas adecuaciones no sólo físicas y estructurales en las instalaciones, sino también en la manera de conducirse y de pensar de los involucrados y responsables de hacer que este nuevo sistema sea eficiente, expedito y eficaz, sobre todo imparcial y justo.

Los retos para cada parte serán muchos y en este afán de un servidor de no convertirse en uno más de los que sólo critican y cuestionan sin hacer propuesta seria y reflexionada me atreveré a sugerir algunas ideas a las partes involucradas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y es mi mayor deseo que sean de utilidad.

Vamos a iniciar con una reflexión y una propuesta para la Fiscalía; fíjense, estimados lectores, que casi todas las personas con las que he platicado a lo largo de estos 11 años que llevo en el Centro de Reinserción Social manifiestan que cuando estuvieron detenidas y fueron interrogadas en una agencia del ministerio público recibieron insultos severos, fueron incomunicados, golpeados con los puños o manoteados; se les privó de agua o alimento, les mostraron un arma durante el interrogatorio, incluso a algunos les apuntaron con ella; fueron interrogados, mientras se les negaba permiso para ir al baño o se les impedía dormir, y los amenazaron con lastimar a un familiar o amigo.

Estarán de acuerdo conmigo en que, si lo pensamos con honestidad, con todos estos recursos a la mano obtener una declaración firmada de culpabilidad es muy sencillo, es cuestión de tiempo porque hasta el más duro se quiebra y firma lo que sea.

Aunque por otra parte la facilidad de tener estos recursos y, además, gozar de absoluta impunidad para utilizarlos hace que ya no haya necesidad de investigar nada, porque con aquel dogma jurídico de “a confesión manifiesta relevo de pruebas” o que “la confesión es la madre de todas las pruebas” sólo se necesita que lo acepte y firme debajo de una declaración que se le prepara, donde él manifiesta, “sin que nadie lo presione”, que es culpable de todo lo que ponen, esto podría incluir el asesinato de Colosio o de Kennedy y ni cómo ayudarlo.

Considerando que en los últimos meses se reformó la Constitución para abandonar el sistema de códigos estatales de procedimientos penales que nos regía y que estamos abandonando el federalismo en las leyes de enjuiciamiento e investigación penal y contemplando un código nacional de procedimientos penales, eso nos da una buena oportunidad para que la Fiscalía del Estado implemente y haga un aporte inédito y sorprendente al propio sistema: la videograbación de estos interrogatorios; en naciones como Inglaterra, Australia y Estados Unidos ha logrado mitigar confesiones falsas y maltratos a detenidos.

En ninguno de los artículos del código nacional de procedimientos penales se contempla la videograbación, pero tampoco lo impide explícitamente; por alguna razón los legisladores olvidaron u omitieron regular la entrevista policial como tal, revisen el artículo 114 de dicho código y coincidirán conmigo. Los legisladores no regularon estos encuentros entre los sospechosos y quienes los investigan, a pesar de que los datos muestran que la policía mexicana entrevista de forma rutinaria y que generalmente lo hace con ausencia de reglas.

Si pudiéramos normar los criterios y determinar las reglas para videograbar los interrogatorios definitivamente se pondrá a la justicia yucateca verdaderamente a la vanguardia en esta materia, además de que se estará obligando a tener verdaderos profesionales en materia de investigación de delitos, evitando los “testigos” que se equivocaron en lo que dicen que vieron, tener una ciencia forense utilizada inadecuadamente, obtener confesiones falsas y, lo más importante, poniendo en riesgo el precepto que rige esta parte del nuevo sistema de justicia penal, el respeto al debido proceso.

Al hacer la consignación, de considerarse esta idea de videograbar los interrogatorios la Fiscalía estaría quitándole al juez de oralidad la primera gran interrogante a resolver, ¿la declaración ministerial es la verdad?, dejando por fin atrás esa costumbre de que existen dos verdades: la histórica, lo que realmente pasó, y la jurídica, que es lo que se pone en el expediente. En nuestra siguiente entrega reflexionaremos sobre los retos que tienen los jueces de oralidad y algunas propuestas.- Mérida, Yucatán.

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www.elcaminquevaderegreso.blogspot.mx

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*) Psicólogo. Interno en el Cereso de Mérida




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