El patrimonio, ¿derecho u obligación?

Por: Fernando J Alcocer Ávila (*)

El pasado 13 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que señala como delito y con pena de hasta 10 años de prisión a quien modifique, dañe o haga trabajos de construcción en aquellos monumentos, sean arqueológicos, artísticos o históricos, estén declarados o sean considerados como tal por la autoridad competente.

En nuestro país, se ha tomando la moda de convertir al ciudadano en delincuente y la autoridad en carácter de justiciero. Asusta ver cómo desde el punto de vista institucional todos los ciudadanos somos delincuentes y que debemos demostrar lo contrario; al menos así se ven todas estas reformas.

Nuestra preocupación nace del hecho de que, ante cualquier intento de realizar obras en edificios, hayan sido o no declarados como monumento, y es importante saberlo, el INAH, dependencia encargada de las declaratorias y permisos, ha exagerado en su labor, al hecho de llevar al grado de delito, a la vista de ellos, cualquier afectación.

Deseamos también aclarar que estamos contra la conservación del patrimonio y siempre hemos considerado a éste como pieza fundamental de la memoria histórica de nuestra cultura y ciudades, y es importante cuidarlo, pero no a costa de los propietarios. Y de este punto es donde nace nuestra preocupación como arquitectos, lo que puede significar tener oportunidades de trabajo, o pasar a ser delincuentes, de forma conjunta.

De manera discrecional, el Poder Ejecutivo modifica la ley, obviamente preocupado por el patrimonio, desde su muy particular punto de vista, y como siempre, totalmente alejada de la realidad, tanto legal, como física y social. Se dispone de manera arbitraria que ahora dañar el patrimonio es delito, y como hemos visto desde hace ya mucho tiempo, ¿cuándo se han preocupado por su cuidado? Dedicarse a los trámites, negar cuanta solicitud llegue e impedir la restauración y revitalización de los predios no es cuidarlo. De manera discrecional y personal se toman decisiones, ni siquiera apegado a norma, ya que no existe como tal, y que especifique las condiciones para negar alguna solicitud, se hace a manera de voluntad; como es conocido, se toman documentos de tipo profesional, tesis aisladas de profesores universitarios, para argumentar una negativa.

Es muy fácil señalar que se cataloga como patrimonio e imponer sanciones y declararlo delito, y aún más, imponer sanción de cárcel a quien dañe, pero no tienen responsabilidad alguna en el cuidado, mantenimiento y sobre todo, en el pago del impuesto correspondiente. Es muy bonito señalar, que un edificio es “patrimonio edificado de la nación”, pero ¿qué han hecho para protegerlo?, no pagan los impuestos, no les importa cuanto cuesta el mantenimiento, no se preocupan por limpiarlo y repáralo, simplemente sanciona con un dedo inquisidor.

Para una persona resulta como tal una maldición poseer, heredar o comprar un predio de estas características; es por eso que hoy vemos en Mérida, decenas de predios abandonados y cercados por condiciones ruinosas, con riesgo de lesionar a otros ciudadanos, y muchos piden y exigen a gritos, que no se dañen, pero claro, es fácil pedir que una persona adquiera un predio, gaste millones de pesos, pague impuestos, lo cuide, lo habilite y que no se atreva ni a tocarlo, como dice un refrán: “Que se cumpla la ley, pero en los bueyes de mi compadre”, con el famoso lema de que “es patrimonio de todos”, pero que lo cuide él.

Ejemplos hay muchos, uno entre mil, ¿cómo es posible que el patrimonio de la humanidad, Chichen Itzá, esté en propiedad privada?, “ahí te los dejo, cuídalos”. Todos desean de boca para afuera, que se conserve el patrimonio, pero nadie pone de su dinero y su responsabilidad para que se logre; si de verdad eso es un tema de suma importancia, que el Estado, en cualquier orden, proceda a la expropiación, y que se haga cargo del mantenimiento, cuidado y habilitación, que gaste del dinero público, todo lo que sea necesario para conservarlo, pero no es posible, que disponga en propiedad ajena y además se levante el cuello exigiendo pena de cárcel a todo aquel que intente hacer un trámite, o quiera rehabilitar algún monumento, ya que todos conocemos la respuesta, no se puede.

Como sociedad debemos procurar la conservación de nuestro patrimonio, ya no vivimos en el siglo XVII, estamos en el XIX, y los edificios se deben de renovar y adecuar a los usos actuales, a la tecnología y las condiciones sociales, como la accesibilidad universal, tema por demás polémico, que no se destruya el patrimonio edificado, porque unas personas con discapacidad quieren y exigen accesibilidad, ¿en verdad están primero los edificios que las personas que los habitan o usan?

Empecemos, en algún momento, éste sería el mejor, a construir una sociedad basada en los valores sociales y humanos, no empecemos desde el punto que todos somos delincuentes, y tener que demostrar lo contrario; cuidemos el patrimonio, pero no a costa del dinero de otros en perjuicio de terceros a beneficio propio en nombre de la sociedad.- Mérida, Yucatán.

[email protected]

—–

*) Arquitecto especialista en diseño urbano




Volver arriba