Desgaste innecesario

Michoacán

Jesús Cantú (*)

La irresponsabilidad y negligencia de los legisladores que realizaron la reforma constitucional para emparejar las elecciones estatales a las federales y el criterio estrecho (por decir lo menos) de los actuales integrantes de la legislatura estatal condujeron al Estado y al, hoy, ex gobernador Fausto Vallejo a un desgaste y deterioro innecesarios, del que tardará muchos años en recuperarse.

En septiembre de 2006 la legislatura estatal realizó las reformas para que las elecciones federales fueran concurrentes con las elecciones estatales del estado de Michoacán; esta reforma tuvo que ser modificada en febrero de 2007 por la sentencia a una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer los períodos y formas de elección de las autoridades estatales y municipales, para permitir que esto ocurriera en las elecciones federales intermedias de 2005.

Esta segunda reforma obligó a que establecieran dos períodos atípicos para todas las autoridades electas a nivel estatal, particularmente en lo referente al gobernador se dispuso que el gobernador electo el segundo domingo del mes de noviembre de 2007 (en esta elección resultó electo el perredista Leonel Godoy), cubriera un período de cuatro años que iba del 15 de febrero de 2008 al 14 de febrero de 2012; y el electo el segundo domingo de noviembre de 2011 (en ésta fue el priista Fausto Vallejo) un período de tres años siete meses y 15 días del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

Pero en ningún momento los legisladores pensaron en establecer un transitorio que permitiera resolver las eventuales faltas absolutas del gobernador de una manera atípica, ya que los períodos eran atípicos. El artícu- lo 57 de la Constitución Política del Estado de Michoacán señala que si la falta absoluta ocurre en los dos primeros años, se tendrá que convocar a elecciones para elegir a un gobernador sustituto que concluya el período constitucional y establece que entre la fecha de la convocatoria y de las elecciones debe haber “un plazo no menor de tres meses ni mayor de seis”. La disposición también establece que si la falta ocurre en los últimos cuatro años será el Congreso el que designe al gobernador interino.

En abril de 2013, cuando el gobernador Fausto Vallejo solicitó una licencia por 90 días para someterse a un tratamiento médico (la primera la había solicitado en febrero de ese mismo año, por 10 días para someterse a un chequeo médico), los legisladores discutieron públicamente la interpretación de la norma establecida en el ya citado artículo constitucional: los priistas argumentaban que el sentido era que si la falta se daba en el primer tercio del mandato se convocara a elecciones, pero si ocurría en los segundos dos tercios ya se nombraba a un interino; pero los opositores no compartían dicha interpretación.

La ausencia de una disposición transitoria que hubiese dejado asentado la interpretación de los tricolores, que obviamente parece la más lógica, impidió nombrar a un gobernador sustituto desde el 30 de abril de 2013, es decir, desde el momento en que Vallejo solicitó la licencia que le permitió someterse al trasplante de hígado.

Esa disposición hubiese impedido que Michoacán tuviese tres gobernadores (sin contar a Marco Vinicio Aguilera, actual secretario de gobierno que estuvo encargado del despacho en los días en que Vallejo viajó al chequeo médico), entre los que se encontraron Jesús Reyna, actualmente en prisión y sujeto a proceso penal por su vinculación con los grupos del narcotráfico, y, desde luego, Fausto Vallejo, cuya ostensiblemente deteriorada salud le impedía realmente cumplir sus funciones y responsabilidades.

Los efectos prácticos de la ausencia de una disposición transitoria provocaron que el Estado estuviese gobernado por un presunto delincuente y un enfermo durante 14 meses, precisamente un tercio del período para el cual fue electo Vallejo. Y, también hay que decirlo con claridad, obligó a un sacrificio excesivo de Fausto Vallejo que tuvo que mantenerse al frente del gobierno desde el 22 de octubre de 2013 hasta el pasado 18 de junio (aunque formalmente pudo haber renunciado desde el 15 de febrero de este año, justo un mes después que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decidió designar a Alfredo Castillo como comisionado para combatir la inseguridad en dicho Estado) para evitar acudir a elecciones extraordinarias.

Para conocer los efectos del deterioro que este esfuerzo provocó en la salud de Vallejo habrá que esperar a ver su evolución a partir de ahora; pero lo que sí, son muy perceptibles los daños y perjuicios que estos 14 meses de “gobernantes delincuentes o enfermos” provocaron al estado de Michoacán. Este vacío de poder que se generó en este tiempo y los impactos sobre la calidad de vida de sus pobladores y la imagen de la entidad tardarán muchos años en revertirse.

Lo más terrible es que la situación se provocó primero por una irresponsabilidad legislativa y, después, por un criterio de interpretación muy estrecho. Estos desgastes (el de Michoacán y los michoacanos, y el de Vallejo y su familia) fueron totalmente innecesarios y claramente pudieron evitarse. Esperemos que la facilidad con la que los actores políticos michoacanos lograron ponerse de acuerdo para designar como gobernador interino a Salvador Jara, quien era rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no les impida aprender de esta lamentable experiencia, pues eso nos condenaría a continuar repitiendo nuestros errores, como parece ser la constante en esta tortuosa transición a la democracia.— Mérida, Yucatán.
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*) Periodista




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