De preceptos y acciones de la nueva justicia

Historias de “Malolandia”

Alberto López Vadillo (*)

A unas semanas de que se implemente en la ciudad de Mérida el nuevo sistema de justicia penal, todas las dependencias que tienen bajo su responsabilidad alguna parte de éste trabajan a marchas forzadas para estar listos y preparados para su buen funcionamiento.

El Poder Judicial termina de construir el edificio que ocuparán los nuevos juzgados de oralidad; la Fiscalía contrata personal nuevo, intérpretes de lengua maya, de lenguaje de señas, nuevos peritos, etcétera, y el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Prevención Social, entrega trabajos y apoyos para los tres centros de reinserción del Estado.

Pero más allá de las cuestiones físicas y estructurales, de tener más personal capacitado o continuar haciendo mejoras en los centros de reinserción social, es necesario que la sociedad entienda en qué preceptos se basa este nuevo sistema de justicia penal y cuáles son las acciones concretas que implica su aplicación.

Básicamente, el nuevo sistema de justicia penal se está dividiendo en tres etapas, cada una tiene su precepto que le da sentido y todo está sustentado en el respeto a los derechos humanos y en la ley de protección a las víctimas.

Una persona que comete un delito que tiene que ser castigado por las leyes de los hombres inicia el proceso con la investigación de la Policía Ministerial, que está bajo la tutela de la Fiscalía del Estado. Ahora ellos deberán tener muy presente en su actuación diaria el precepto de “el respeto al debido proceso”, que se traduce en cuatro acciones fundamentales que deben recordar cuando están ante los detenidos: Los investigamos para detenerlos, no los detenemos para investigarlos.

Ya no les podemos sacar confesiones a base de amenazas, torturas o vejaciones. Los detenidos siempre deberán estar asistidos por un abogado o intérprete, en caso de así necesitarlo. Porque nosotros no somos jueces ni mucho menos verdugos.

La consignación al juez deberá ser sólo por el delito que se cometió y del que además tenemos las pruebas. No podemos aprovechar para ponerles más delitos sin pruebas en el afán de resolver más casos.

Buscamos privilegiar la verdad: si el detenido y presunto responsable cometió un delito y se declara culpable desde el inicio, le debemos proponer al juez a que se le consigne una sentencia menor a la que obtendría si, a pesar de haberlo hecho, se declarase inocente, fuese a juicio y se le encontrase culpable.

La segunda etapa del nuevo sistema de justicia penal es la consignación a un juez; éste estará capacitado en la conducción de los juicios orales, una modalidad que de suyo viene a resolver la principal problemática en los juicios actuales, que es la tardanza y lentitud en la resolución de los casos. Un dato que generalmente no se dice en los informes que da a la sociedad el presidente del Tribunal Superior de Justicia es ¿actualmente cuánto es el tiempo promedio para resolver un caso de fuero común? Tengo pacientes hasta con cinco años de proceso en primera instancia y aún no les resuelven ni les dan sentencia.

Con esta inmediatez e imparcialidad de un juicio oral, se pretende que de forma rápida, expedita y justa se determine la culpabilidad o no del procesado. Aquí los jueces se deben regir bajo el precepto de “la presunción de inocencia”, que los lleva a tener presentes dos elementos específicos.

Todos los inculpados son inocentes hasta que objetiva y más allá de toda duda razonable se demuestre lo contrario.

Se debe privilegiar la verdad y la aceptación de culpa, tomando seriamente en consideración la recomendación del fiscal en el caso de que haya una declaración inicial de culpabilidad por parte del procesado.

Finalmente, en la tercera y última parte del nuevo sistema de justicia penal, si al procesado se le declara o se le encuentra culpable, se le sentenciará a pasar un número determinado de años en un centro de reinserción social; el precepto que sustenta esta etapa final es “la reinserción a la sociedad del sentenciado”; el cumplimiento de éste estará a cargo de la Dirección de Prevención y Reinserción Social y de los jueces de Ejecuciones y Sanciones, quienes deberán realizar dos acciones básicas:

La Dirección de Prevención debe proporcionar los medios para lograr la reinserción a la sociedad a través del trabajo, la capacitación para éste, así como la educación, la atención a la salud, la cultura y el deporte.

Los jueces de ejecuciones deben evaluar que estos medios contemplados para la etapa de ejecución de la sentencia estimulen la buena conducta y el trabajo, porque su obtención se traduce en que no se compurgue la totalidad de la pena, sino una parte de ella, propiciando una libertad anticipada al cumplirse el objetivo de la reinserción social.

Ésta es la única etapa que está en vigor desde junio de 2011 y hasta ahora todavía no sale libre la primera persona en libertad condicional por delito grave. Cuando esto suceda, podremos cantar victoria y decir que tenemos un sistema de justicia redondo, completo y muy cerca de ser justo.

Es así que a unas semanas de que el nuevo sistema de justicia penal se implemente en la capital del Estado, la analogía que se me ocurre es que si pensáramos que es un cohete que está a punto de despegar y esté fuera el momento de hacer la última revisión, se escucharía la siguiente conversación…: Fiscalía: ¿El respeto al debido proceso está listo? “¡Listo!”, se escucha fuerte y claro. Jueces que dirigen los juicios orales: ¿La presunción de inocencia está lista? “Lista y muy clara -dicen los jueces-”.

Dirección de Reinserción Social y jueces de Ejecuciones y Sanciones: ¿La reinserción social está lista y funcionando?…, y a lo lejos se escucha con timidez…: “Houston, tenemos un problema…”. Esta historia continuará…- Mérida, Yucatán.

[email protected]

—–

*) Psicólogo. Interno en el Cereso meridano




Volver arriba