Contra las protestas sociales

Contra las protestas sociales

Embestida legislativa

Por: Jesús Cantú (*)

En los últimos años proliferan en el país las propuestas de reformas a los Códigos Penales o iniciativas de nuevas legislaciones con la clara intención de criminalizar la protesta social o prohibir las movilizaciones ciudadanas de protesta; el más absurdo e indignante fue el proyecto de ley del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, que autorizaba el uso de armas de fuego para dispersar las manifestaciones públicas.

La iniciativa de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla” fue aprobada el pasado lunes 19 de mayo en el Congreso estatal, con una corrección de redacción, pero sin alterar el sentido original.

Sin embargo, tras las reacciones de diversas organizaciones de la sociedad civil y la difusión en algunos medios de comunicación nacional, el gobernador decidió suprimir las disposiciones más controvertidas y distribuyó, el pasado jueves 22 de mayo, un ejemplar del Periódico Oficial del estado sin las mismas. La alteración de la legislación es una grave violación a la división de poderes y al Estado de Derecho, pero al parecer los legisladores poblanos están dispuestos a aceptarlo y, como para efectos jurídicos la ley vigente es la publicada en el Periódico Oficial, en estos momentos no aplican las normas cuestionadas.

Pero más allá de esta legislación, el hecho es que las iniciativas legales que pretenden criminalizar la protesta social o prohibir las manifestaciones públicas se suceden a lo largo y ancho del país. El 10 de septiembre de 2011, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, promovió una reforma al artículo 373 del Código Penal de dicho estado, para incluir el llamado delito de “perturbación del orden público”, para castigar con prisión de cuatro años a quien “por cualquier medio afirme falsamente…” la existencia de balaceras o ataques de la delincuencia organizada “… ocasionando así perturbación”.

El gobernador envió la iniciativa después de detener el 26 de agosto a María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de “terrorismo” por difundir a través de redes sociales información sobre enfrentamientos y ataques de grupos de la delincuencia organizada en el estado. La legislación fue aprobada en el Congreso el 20 de septiembre y, al día siguiente, tras 27 días en prisión, el gobierno se desistió de la acción penal contra los tuiteros y éstos fueron liberados. El 20 de junio de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha disposición.

En diciembre de 2012 la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal consignó a los manifestantes que detuvo en las protestas del 1 de diciembre por el delito de “ataque a la paz pública” que contemplaba penas de privación de la libertad entre cinco y 30 años, y no había derecho a la libertad bajo fianza. Esta disposición equivalía al delito de “disolución social” que estuvo presente en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal entre 1941 y 1970, que contemplaba prisión de dos a seis años, y fue el que utilizaron los gobiernos priistas para reprimir las protestas de ferrocarrileros, médicos, campesinos, maestros e, incluso, para justificar la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El pasado 30 de abril el Congreso de Quintana Roo aprobó la “Ley de Ordenamiento Cívico”, que prohíbe los “bloqueos en la vía pública” y la realización de actos “que de manera ilícita afecten el normal funcionamiento de las acciones del Estado, los municipios, la actividad económica, turística y social política del Estado…”. El 15 de mayo el Congreso de Chiapas aprobó el “Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado”, que contempla entre sus disposiciones el uso de las armas no letales (balas de plástico, etcétera) para dispersar manifestaciones públicas.

Así, a través de distintos ordenamientos legales, la constante es autorizar a las policías a utilizar la fuerza pública para dispersar manifestaciones y, en algunos casos, limitar el uso de las redes sociales para alertar de los diversos peligros o criminalizar la protesta social. El temor a la protesta social es evidente y los gobernadores de los estados utilizan el apoyo de los legisladores de su partido para sacar adelante sus iniciativas legales.

Hasta hoy, afortunadamente, la intervención de la SCJN o las reacciones de las organizaciones de la sociedad civil y la visibilidad que los medios masivos de comunicación le han dado a estos intentos de atentar contra los derechos fundamentales permitieron echarlas abajo o, al menos, limitar sus alcances, aunque sea por vías totalmente ilegales, como en el caso de la legislación poblana.

Sin embargo, es un hecho que los intentos persistirán y, paradójicamente, lo único que las podrá detener son precisamente las protestas sociales, la movilización ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a lo que tanto pavor le tienen los gobiernos. Los intentos no se limitan al nivel estatal pues, aunque encubiertamente diversas disposiciones de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones tenían el mismo sentido, aunque afortunadamente por la reacción de los cibernautas el gobierno ya ofreció retirarlas, habrá que estar alertas hasta que esto sea una realidad, pues la posibilidad de hacer cambios de forma sin modificar el fondo siempre estará presente.

El único antídoto contra los afanes represivos de los gobiernos es la movilización ciudadana y la protesta social; por ello hay que impedir todos los intentos de limitarla.- México, D.F.

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*) Periodista




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