¿Constitución viva o retórica?

Carlos Luis Escoffié Duarte (*)

Hojas en el cenicero

Se ha dicho que si los siglos XIX y XX tuvieron como protagonistas al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, respectivamente, probablemente el presente enfoque los reflectores sobre el del Poder Judicial. Esta apreciación, no libre de reservas, está motivada por el amplio y aún creciente reconocimiento del poder de los administradores de justicia como actores de transformación social. Si bien desde el siglo pasado el papel de corrientes como los “critical legal studies” en Estados Unidos, la “association critique droit” en Francia o el uso alternativo del derecho en Italia dieron testimonio del papel de los jueces para la protección de los derechos fundamentales, México apenas ha comenzado a subirse al último vagón del neoconstitucionalismo.

Existen casos de suma importancia en los cuales los jueces constitucionales de nuestro país han asumido en serio su deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos para corregir violaciones sistemáticas y sistémicas. Un ejemplo es el de la comunidad indígena Mininuma en Guerrero. En 2008, el juez séptimo de Distrito, con sede en dicha entidad, emitió una histórica sentencia en la cual declaró que las autoridades del Estado habían violado el derecho a la salud de los miembros de la comunidad al no proporcionarles un centro médico para prevenir que el número de muertes por enfermedades curables continúe en aumento (por hacer una síntesis más o menos responsable del fallo). Gran parte del mérito de ese juez fue que, para el momento de emitir la sentencia, no se habían producido las célebres reformas de 2011 en materia de derechos humanos y amparo. Bastó con comprender que su labor era hacer valer la Constitución Federal para otorgar la mayor protección posible a las personas afectadas, tal y como la Carta Magna manda.

Me resulta inevitable no hacer esta quizá excesiva introducción para contextualizar la importancia que tiene la demanda que el viernes pasado fue presentada contra el Congreso del Estado, la cual fue interpuesta ante el Tribunal Constitucional de Yucatán.

En el texto presentado se acusó la discriminación que afrontan las personas homosexuales al impedírseles acceder a la figura de matrimonio y de concubinato, a pesar de las obligaciones del Poder Legislativo impuestas en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

De ganarse la demanda, el Tribunal Constitucional ordenaría al Congreso reformar la legislación local para corregir el estado de cosas inconstitucional en el cual hoy nos encontramos. Como cualquier otro tribunal constitucional, el nuestro se encuentra actualmente en la posibilidad de hacer valer la Constitución yucateca, reivindicándola como un texto vivo y no una simple retórica.- Mérida, Yucatán.

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*) Pasante de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán

»Como cualquier otro tribunal constitucional, el nuestro está actualmente en la posibilidad de hacer valer la Constitución yucateca, reivindicándolacomo texto vivo…




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