Comunidades que sí hacen ruido

Agenda ciudadana

Lorenzo Meyer (*)

El Corazón de la Política. Si no se pertenece a la elite del dinero pero se quiere poner un asunto en la agenda presidencial, hay que llevar la situación al límite; por ejemplo, el levantamiento en armas del EZLN en 1994 ó el de las autodefensas michoacanas en febrero de 2013.

La política puede definirse como ese conjunto de decisiones que toma la autoridad para distribuir los elementos de valor dentro de una sociedad (David Easton, A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, 1965, p. 96). De ser el caso, el núcleo de la política de Enrique Peña Nieto (EPN) lo constituyen las reformas a la constitución que permitirán a grandes empresas privadas nacionales y extranjeras hacerse con una parte importante de la riqueza petrolera que antes era propiedad pública. También son parte de ese núcleo las leyes que modificarán o preservarán la estructura monopólica de los medios de comunicación electrónicos, el rediseño de la estructura fiscal o la disminución de influencia del sindicato de maestros. Sin embargo, una reacción organizada de pobladores de Tierra Caliente en Michoacán contra la extendida, creciente e impune extorsión por parte de las organizaciones criminales, obligó a que la atención presidencial se apartara de sus “altos asuntos” para fijarse en un problema de abajo y añejo: la inseguridad en una zona de México donde el control territorial del crimen organizado era muy evidente.

Intenciones. El 4 de febrero EPN anunció en Morelia un plan de “desarrollo integral” para enfrentar el problema de inseguridad en ese estado. El plan contará con un coordinador, recursos equivalentes a 45,500 millones de pesos, 10,000 efectivos de las fuerzas federales y un programa de 250 acciones que, se supone, involucrará a toda la maquinaria del gobierno central, (“Reforma”, 5 de febrero).

Es de imaginar que el diseño de una política fuera de lo ordinario partió de reconocer que el deterioro de Michoacán es también extraordinario, que afecta a todo el sistema político mexicano, que sus causas forman una maraña político-económica-social-jurídica-cultural y, sobre todo, que de no prestarle atención urgente podía desembocar en un problema aún mayor. Después de todo, EPN debe recordar su experiencia en 2006 en San Salvador Atenco: una movilización menor pero con un costo alto.

La falta de seguridad es un problema nacional que se agudizó en Michoacán, donde afecta, aunque en diferentes grados y como víctimas o victimarios, a personas de todos los sectores sociales, desde jornaleros hasta empresarios, que se manifiesta lo mismo en el campo que en las ciudades y toca a toda la estructura de gobierno, partidista e incluso a las iglesias. Sus reverberaciones se extienden a los estados vecinos, al resto del país e incluso al exterior.

Al delinear el plan de rescate de Michoacán, EPN afirmó que la presencia extraordinaria de la federación en la entidad se mantendría “el tiempo que haga falta”, aunque “en breve el poder de los criminales será minado en forma definitiva”.
Aquí el punto clave sería saber lo que se entiende por “minado”. Quizá, y siendo realista, a lo que se aspira es simplemente a que el “poder criminal” llegue a quedar mermado lo suficiente como para sacar a Michoacán de la condición de estado fallido y se le deje como al resto del país, lejos del ideal pero funcionando.

La Insurgencia. El deterioro extremo de la seguridad en Michoacán es producto del crecimiento descontrolado de las acciones y la impunidad del crimen organizado —“La Familia Michoacana”, “Los Valencia”, “Los Caballeros Templarios”—. Si ese fenómeno era evidente de tiempo atrás, ¿por qué hasta ahora el gobierno federal se decidió a atacar el problema empleando no sólo la fuerza armada, sino todo el instrumental del que siempre ha dispuesto? ¿Por qué los responsables dejaron correr el tiempo, mientras insistían sólo en la solución de fuerza a pesar del mal resultado que había dado y que a ojos vista la degradación de la vida colectiva en Michoacán iba en aumento? Los elementos para dar una respuesta a esas preguntas pueden ser varios, pero claramente uno es determinante y detonante: hasta hace un año el costo político de dejar que la situación siguiera “pudriéndose” no parecía tan alto. Sin embargo, en 2013 afloró un elemento que en meses elevó el costo del disimulo hasta hacerlo prohibitivo: el surgimiento de las autodefensas, una organización armada cuya sola presencia cuestionó la supuesta legitimidad del supuesto “monopolio de la violencia” de un supuesto Estado.

Por Verse. Es claro que todo lo que se dice que se va a hacer ahora en un Michoacán en crisis pudo y debió hacerse antes. Toda la “fuerza del Estado” que se acaba de comprometer en esa entidad es un esfuerzo de “Los Pinos” que busca neutralizar la movilización armada de las autodefensas y evitar que su ejemplo cunda. Lo que aún está por ver es cuán exitoso será el esfuerzo y cuál será el costo final de esta búsqueda de un tiempo perdido en una comunidad que finalmente optó por tomar las armas y hacer ruido.

Resumen: “Los pinos está hoy a la búsqueda del tiempo político perdido en Michoacán y hubiera seguido perdiéndolo si no le hubieran aparecido las autodefensas”.— México, D.F.

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*) Historiador y analista político




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