¿Como David contra Goliat?

¿Como David contra Goliat?

Por Mario A. Romero Bolio

Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte -Platón

Menuda sorpresa recibí al leer dos notas publicadas el recién pasado día 10 del presente mes.

La primera está basada en las declaraciones del señor Nicolás Madáhuar Bohem, presidente y vocero de la Coparmex Mérida, quien, en síntesis, señala: “Si el asunto es claro y sencillo, ¿por qué tardó ocho meses en decir que el caso no procede?”, refiriéndose al impune “desvío” de 200 millones de pesos y su extrañeza por considerar raro que los alcaldes no puedan denunciar desvíos del erario. Pareciese que el C. Madáhuar desconoce la realidad de la tremenda impunidad que campea en el país.

Tras unos 70 años de detentar el poder el PRI y sus antecesores: el PNR (Partido Nacional Revolucionario) y el PRM (Partido Revolucionario Mexicano, durante el mandato de Lázaro Cárdenas) se dieron a la tarea de crear una estructura bastante sólida para controlar a los ciudadanos mexicanos: Idearon el Sector campesino (CNC), esas siglas pertenecen a la Confederación Nacional Campesina. El Sector obrero, (CTM y CROM) las siglas corresponden a la Confederación de Trabajadores de México y a la Confederación Regional Obrera Mexicana. El Sector popular, (CNOP) bajo esas iniciales cabían todos los que no fueran supuestos obreros ni campesinos, significa Confederación Nacional de Organizaciones Populares; es decir, la burocracia oficialista.

Crearon las “juventudes priistas”, jefes de sector, jefes de manzana, etcétera. Ahora el sustento poderoso para el “invencible” lo forman los distintos sindicatos: SNTE para controlar a los profesores, el SME y el Suterm para los electricistas, el Sindicato Único de Petroleros, los del IMSS, Issste, cuyos secretarios generales son “electos” por el grupo de poder del PRI, etcétera.

Desde hace ya algún tiempo el grupo Atlacomulco y el no menos nefasto Carlos Salinas controlan la política mexicana. A veces “dejan” ganar a algún partido político diferente, con la finalidad de aparentar al mundo de que en México sí hay democracia, pero al “gobernante” ganador le obligan a que los principales miembros de su gabinete sean connotados priistas.

El grupo existe de facto, no es un grupo formal en toda regla ya que sólo son “los amigazos” que tienen el acceso a los medios de poder, principalmente la Secretaría de Gobernación, y que históricamente se ha desarrollado alrededor de los gobernadores priistas, en especial del Estado de México: Alfredo del Mazo, Carlos Hank, Jiménez Cantú, Gustavo Baz, Pichardo Pagaza, y los priistas más prominentes y destacados como Bartlett.

Madrazo Pintado nunca fue ungido por los “atlacomulcos” ya que era más bien vinculado a Carlos Salinas, quien le había otorgado la gubernatura de Tabasco por encima de López Obrador “el Peje”.

Peña Nieto fue el candidato apoyado por el grupo Atlacomulco, por lo que no hubo manera de que lo apoye Salinas de Gortari, quien tuvo un pleito con ellos.

Finalmente, podemos decir que el grupo Atlacomulco está integrado principalmente por priistas que no “patrocinan” a un candidato, sino más bien postulan al candidato que será “el candidato” del PRI (al menos lo están haciendo de nuevo, su último e infructuoso intento fue con Labastida Ochoa). Es un grupo con recursos económicos vastos, grandes redes políticas y muchos intereses personales, pero que, a diferencia de otros, ha sabido conducirse y elegir en paz, por lo que es la piedra angular de la “unidad priista”.

Los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, son de hecho dependientes del Ejecutivo, nunca han sido autónomos.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México son los jueces o magistrados que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Máximo Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El cargo de ministro de la Suprema Corte se considera el más alto que se puede desempeñar dentro del Poder Judicial de la Federación.

Los ministros son electos para un período de 15 años. Para su elección, el presidente de la República propone al Senado de la República una terna de candidatos para cada puesto y, previa comparecencia, el Senado elige a uno de ellos por una mayoría cualificada de dos terceras partes.

En la reforma política recién aprobada figura, en uno de sus puntos, que la Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en Fiscalía General a partir de 2018 y tendrá dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción (¿será?).

Por esta falta de autonomía actúan bajo las órdenes del Ejecutivo, son ramas del mismo tronco.

Jueces venales, magistrados que cometen dolosas prevaricaciones, obedeciendo al mandatario en turno, no ejercen la justicia que reclama el pueblo. No debemos extrañarnos de los fallos sesgados y prevaricaciones de quienes deben administrar verdadera justicia.

La otra nota se refiere al senador panista Ernesto Cordero Arroyo, quien considera “que la sociedad meridana es la que debe decidir qué acciones tomará ante la decisión de la Fiscalía General del Estado de no investigar a la ex alcaldesa Angélica Araujo por el ‘presunto’ desvío de los doscientos millones de pesos”.

¿Para qué tenemos representantes en las Cámaras (de Diputados y de Senadores)? No me digan que solamente para legislar, cuando entre sus miembros hay muchos que no tienen grado académico. ¿Quiere el señor Cordero que hagamos plantones, bloqueos y marchas, esperando la represión inhumana de las fuerzas especiales o antimotines? Que se acuerde este señor que su partido se alió al PRI para aprobar las porquerías que pomposamente llaman “reformas” (o ¿deformas?).

La dictadura perfecta sigue cabalgando.- Mérida, Yucatán.

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*) Ex consejero del IFE y profesor jubilado




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