Capitulación incondicional

Grosero retroceso

Sergio Aguayo Quezada (*)

+A la memoria de don Salvador Nava

Las leyes secundarias de telecomunicaciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto son un retroceso grosero de algunos logros democráticos.

Van tres ejemplos: 1) vuelven a ponerle cadenas al usuario de telefonía celular porque liberan a las telefónicas de la obligación de desbloquear gratuitamente los celulares después de pagado el equipo; 2) se menosprecia y castiga de diversas maneras a medios públicos, comunitarios e indígenas, y 3) se le regresa a la Secretaría de Gobernación la regulación de los “contenidos” de las transmisiones. Reviso en más detalle este último aspecto.

Con la regulación de los contenidos el Estado salvaguarda los “derechos de las audiencias” que incluyen, en primer lugar, el compromiso que adquieren los concesionarios de proporcionar en sus barras informativas información veraz, objetiva y oportuna; segundo, limitan la cantidad de publicidad que puede ser incluida durante cada hora; y tercero, protege a la infancia de programación considerada nociva.

Lo que tenemos ahora es tóxico para una democracia de calidad: 1) por conveniencia o miedo un buen número de medios dan trato de privilegio en sus noticiarios a la versión oficial; 2) las pantallas son claraboyas de las cuales salen torrentes de anuncios que nadie mide; y 3) un buen número de programas se arman sobrerrevolcando la dignidad de los participantes.

La Secretaría de Gobernación siempre ha tenido la capacidad legal para vigilar y sancionar a los medios electrónicos. En lugar de monitorearlos, en el Palacio de Cobián se han escrito páginas gloriosas de ineficacia y vasallaje ante aquellos medios cómplices. Por ello es que fue tan bien recibida la reforma constitucional que otorgaba la regulación de contenidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organismo que nos ha dado la grata sorpresa de acreditar su autonomía en diferentes momentos y, sobre todo, al declarar como empresas predominantes a Televisa y a Telmex. Otorgarle vigilancia de los contenidos es técnicamente viable porque el Ifetel puede llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Elecciones (INE antes IFE), la dependencia que tiene equipos y experiencia en el monitoreo de contenido de los medios.

La iniciativa de Peña Nieto es un retroceso porque regresa la regulación de lo que se ve a la Secretaría de Gobernación. Es un intento de reconstruir un presidencialismo y unas complicidades caducas que tienen un agravante: Gobernación ha ido acumulando tantas tareas, que ya muestra los síntomas de la fatiga causada por la obesidad. Si Gobernación no ha logrado hacer que funcione el minúsculo “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, ¿quieren que les creamos que querrán y podrán defender a las audiencias frente a las televisoras? ¡Por favor!

Peña Nieto desea inscribir su nombre en la historia como el presidente capaz de reformar al país y algunos de sus fans lo adulan llamándolo “presidente estadista” (es el caso del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila). Para ganarse el calificativo tendrá que satisfacer la sed de cambios anhelados por la mayor parte de la sociedad mexicana.

Con estas propuestas de leyes, Peña Nieto replica la añeja historia de los gobernantes que boicotean su propio proyecto. Vicente Fox quedó aplastado por su vanidosa frivolidad y la desbocada ambición de su señora esposa; Felipe Calderón se ahogó en su mediocridad como comandante en jefe y en las penumbras de un espíritu vengativo y atormentado.

Enrique Peña Nieto está dejándose llevar por el lado oscuro del estilo político mexiquense. Quiere cambios y un Estado eficaz, pero su cultura y el pago de deudas políticas le impiden dar una calidad homogénea a su equipo, combatir en serio a la corrupción que destruye la ética pública y enfrentarse a los poderes fácticos para beneficiar a la sociedad. Esas propuestas de leyes son una capitulación incondicional. En la regulación de contenidos no se comporta como estadista, sino como consejero delegado de las televisoras.

Por lo anterior —y aunque se enoje el senador Javier Lozano— me he sumado al Frente por la Comunicación Democrática.
La miscelánea

El gobierno mexiquense alimenta las tensiones sociales. En Coyotepec los defensores del agua siguen siendo hostigados. En Nicolás Romero la agrupación Antorcha Campesina, ¡escoltada por la policía estatal!, se lanza contra integrantes de Alianza Única del Valle. ¿Qué le pasa al PRI de Peña Nieto?— México, D.F.
www.sergioaguayo.org
@sergioaguayo
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*) Periodista y analista. Colaboró Rodrigo Peña González




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