Balas perdidas

Conociendo al enemigo

Por: Sergio Aguayo Quezada (*)

Hay funcionarios que niegan, evaden o minimizan la violencia y sus orígenes. Así disimulan su desconcierto e ineficiencia. Hace un año se le extraviaron 31,859 cartuchos a la Policía Auxiliar que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). El titular, Jesús Rodríguez Almeida, se sacudió las preguntas con desgastadas frases: 1) la investigación continúa; 2) sigue “recaban(dose) información”; para, al final, 3) cerrar la faena con un clásico: el “responsable será sancionado” (Arturo Sierra, “Reforma”, 6 de junio). El asunto queda con huecos por doquier. Elena Azaola se pregunta por qué no presentaron denuncia penal y, en mi caso, me quedé esperando respuesta a tres peticiones de información hechas a la SSPDF.

La opacidad es refugio de incapaces y desconcertados. Por ahora, lo declarado y callado por Jesús Rodríguez Almeida es señal de la escasa prioridad que el gobierno del D.F. da al extravío como parte, supongo, de la negativa a reconocer que el crimen organizado opera en la capital. Como es casi imposible adquirir armamento de manera legal, hay un floreciente mercado negro de armas y balas en el cual seguramente terminaron los suministros bélicos perdidos por la policía capitalina.

Reviso el hecho desde la tribuna de las víctimas potenciales. Una de las zonas conflictivas es la delegación Gustavo A. Madero, en donde ejecutaron a nueve personas en dos masacres (una en octubre de 2013, otra en junio de este año). Se recogieron 75 casquillos, lo que significa que emplearon ocho balas por cada muerto. Extrapolando el macabro cálculo, las 31,589 balas servirían para asesinar a unas 3,982 personas.

La violencia mexicana tiene extensiones internacionales. Una causa del poderío delincuencial es la facilidad con la cual obtienen armas y municiones de los Estados Unidos. De ahí nacen dos preguntas incómodas que la industria armamentista y el gobierno del vecino país han hecho todo lo posible por evadir la respuesta, para negar y minimizar el problema: ¿cuál es la responsabilidad de los Estados Unidos por la violencia que asuela a México? ¿Cuántas armas vienen de ese país?

Pese a los intentos de acallar las consecuencias del contrabando de armas, el tema se ha ido metiendo en la agenda nacional, aunque todavía no ocupe el lugar que le corresponde. Una razón fue la escandalosa operación Rápido y Furioso (el gobierno estadounidense autorizó el contrabando de más de dos mil armas para el crimen organizado mexicano). Otra causa, menos conocida, es la frase incluida en un cable de abril de 2009 elaborado en la Embajada de los Estados Unidos en México y conocido gracias a WikiLeaks. “El 90 por ciento -dice el documento- de todas las armas decomisadas (por el gobierno mexicano) e investigadas (por los Estados Unidos con ayuda del E-trace) vienen de los Estados Unidos”.

La tesis de 90% fue rechazada inmediatamente por grupos como la Asociación Nacional del Rifle, que se lanzaron a descuartizarla. Aceptarla significaba admitir la responsabilidad de la industria armamentista y de sus aliados gubernamentales. Para ellos, el crimen organizado mexicano obtiene buena parte de sus armas y municiones de América Central, de militares que desertaron y de policías corruptos. La manera como el GDF ha reaccionado ante las balas perdidas alienta esta tesis.

Si el Estado quiere ganar la guerra debe reconocer primero su existencia para de forma inmediata entrar al combate, mientras busca cerrar las fuentes de abastecimiento bélico del enemigo. Por ahora el GDF sigue tan perdido como esas balas que tienen un año buscando. En mi página puse un artículo de David A. Kuhn y Robert J. Bunker (en “Small Wars and Insurgencies”, 2011) con la visión conservadora sobre el origen del armamento que usa el crimen mexicano.

La miscelánea

No todas las víctimas son iguales. José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento 5 de Junio que agrupa a las familias de los niños muertos en la Guardería ABC, piensa que en los últimos cinco años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha mostrado “un claro desinterés” hacia esos niños y ha incumplido “su deber de proteger los derechos humanos”. La senadora panista Mariana Gómez del Campo elogia todo el tiempo a la CNDH porque la ha tratado bien: en “cada uno de los temas” que les ha llevado ha “obtenido una respuesta”. ¿No será que tiene un trato preferencial por ser senadora y comadre del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia?- México, D.F.

www.sergioaguayo.org

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*) Investigador y analista político. Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Marcela Valdivia Correa




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