Actitudes: El arte de aplicar la ley

Por José Santiago Healy

Cuatro días después de que el canal televisivo TMZ difundió una grabación del dueño de los Clippers de Los Angeles, Donald Sterling, en donde vociferaba contra los negros, el comisionado de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), Adam Silver, suspendió de por vida al personaje en la liga profesional y lo multó con 2.5 millones de dólares.

Además la NBA hizo un enérgico llamado a los propietarios de franquicias para que obliguen a Sterling a vender su equipo y dejarlo fuera para siempre del básquetbol profesional.

La acción enérgica y contundente impactó positivamente a la opinión pública y mandó un claro mensaje de que en la NBA, en donde el 70% de los jugadores son de color, no se permitirá ninguna expresión racista ni discriminatoria contra etnia alguna, aun cuando proceda de los poderosos dueños de la liga.

El bochornoso incidente para Sterling ocurre cuando los Clippers avanzan en los “playoffs” de la liga profesional en una de sus mejores temporadas de la historia. El abogado de 80 años de edad y oriundo de Chicago expresó sus desafortunados comentarios en una charla que fue grabada por la modelo de origen latino V. Stiviano con quien mantiene una relación sentimental.

En la polémica intervino el presidente Barack Obama, quien calificó lo dicho por Sterling como “declaraciones racistas muy ofensivas”, en tanto Silver de la NBA dijo que las opiniones “son profundamente racistas y dañinas”. Será muy difícil en el futuro escuchar expresiones discriminatorias en el deporte profesional e incluso en la política norteamericana porque se actuó con celeridad, energía y decisión.

Aunque las comparaciones no son del todo justas, queremos imaginar cómo se habría actuado en México si un incidente similar se presentara en la liga de fútbol profesional.

De entrada, el acusado negaría todo, pondría una denuncia penal por difamación y se exigiría un castigo ejemplar a quien se atrevió a grabar ilegalmente la conversación del intocable magnate.

La liga profesional llamaría a una conferencia de prensa para anunciar la creación de una comisión investigadora para que en un lapso de tres a seis meses emita un dictamen. Contratarían además a peritos para detectar si la voz es auténtica o fue grabada por algún imitador profesional, posiblemente pagado por el crimen organizado.

Las autoridades intervendrían en lo más mínimo, si acaso pedirán a los diputados y senadores que reformen la ley de comunicaciones para poner un alto al espionaje telefónico y a las grabaciones desautorizadas; es decir, acabar de una vez por todas con los “videoescándalos”.

Así sucedería en el caso de un incidente del deporte o la farándula, pero en materia política y de seguridad social, las acciones ya se toman de la siguiente manera:

En Michoacán se nombró a un comisionado para la Paz y Seguridad, pero se dejó en funciones a un gobernador enfermo, sin poder y salpicado por los escándalos locales de corrupción.

Para actuar contra el ex secretario de Gobierno de Michoacán, José Jesús Reyna García, por sus conocidos nexos con Los Caballeros Templarios, se revivió la práctica del arraigo y a casi un mes de la acción legal nadie sabe nada.

Contra la violencia que resurgió con furia en Tamaulipas se toman medidas endebles, cuando a estas alturas se requiere la intervención decidida del Ejército y de la Marina antes de que ese estado se convierta en un nuevo Michoacán.

En Sonora unos cuantos miembros de la tribu yaqui anuncian más bloqueos de la carretera internacional sin que autoridad alguna tome cartas en el asunto. Nomás falta que pronto los quejosos instalen su caseta de cobro a la altura de Vícam en lugar de pedir recursos federales.

Finalmente, a lo largo y ancho del país proliferan denuncias sobre actos de corrupción, abusos de poder y enriquecimiento de gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, pero ya nadie se atreve a aplicar la ley con rigor y severidad como antaño.

Por eso tenemos, pues, a los “gober preciosos” y a tanto gánster disfrazado de políticos y funcionarios públicos. ¿Alguien podrá defender a los mexicanos a estas alturas?- Chulavista, California.

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*) Periodista



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