La legalidad cuestionada

La legalidad cuestionada

Rubén J. Bolio Pastrana (*)

Cuestiones jurídicas

Es del conocimiento de la ciudadanía que el H. Ayuntamiento del municipio de Mérida formuló una denuncia ante el ministerio público por posibles hechos delictuosos supuestamente perpetrados por diversos funcionarios de la pasada administración, encabezada por la arquitecta Angélica del Rosario Araujo Lara, a cuya querella recayó el acuerdo de la Fiscalía estatal en el sentido de que no es factible jurídicamente darle curso a la queja, por no ser la comuna meridana la facultada para iniciar la indagatoria respectiva.

Esta decisión ha sido muy criticada sin que quienes así lo hacen sostengan algún argumento válido que contradiga lo resuelto por la autoridad investigadora, que si bien tiene por norma general la obligación de inquirir sobre las acusaciones presentadas, en el presente caso tiene una restricción legislativa que lo impide, la que seguro desconoce la comunidad.

Las reformas a la Constitución Federal en la materia han transformado el ejercicio de la fiscalización en las cuentas públicas al establecer que la aprobación que hagan los Congresos deben estar sujetas al principio de legalidad; es decir, determinar conforme a los resultados obtenidos; por eso se expidió en nuestra entidad la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, que creó la Auditoría Superior como un órgano del Poder Legislativo dotado de autonomía, que lo faculta para hacer auditorías o inspecciones necesarias que puedan afectar la hacienda del Estado o de los municipios.

En el artículo 29 de esa normatividad se obliga a que las denuncias penales de hechos posiblemente delictuosos se presenten a través de la Auditoría Superior del Estado, cuando haya elementos que establezca la ley, lo que acredita que no es el Ayuntamiento el que tiene la potestad de denunciar, como ilegalmente lo hizo, a los servidores que precedieron el actual gobierno municipal, sino la Auditoría Superior, corroborado en la fracción IV, del numeral 43, de la propia ley, en la que se indica que ésta “Presentará denuncias y querellas penales correspondientes”, y en el 75, en el que se ratifica que para su función fiscalizadora el instituto policitado tendrá la atribución de interponer denuncias.

En este contexto, hay que advertir que jurisprudencialmente la Fiscalía, por mandato legislativo, no puede hacer uso de su función inquisidora, pues de acuerdo con la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y/o autoriza, lo que no ocurre aquí, toda vez que necesariamente hay que respetar las garantías individuales consagradas a favor de todos los habitantes de este país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la situación comentada es una excepción a la norma general prevista en el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, ya que el texto del precepto en comento contiene el verbo “deberá”, que es un imperativo al que se tiene que someter la institución ministerial, siendo evidente que entonces se da la hipótesis prevista en el artículo 223, fracción II del Código Procesal mencionado, en el que se determina que el ministerio público está obligado a iniciar la averiguación previa que pudiera resultar de un hecho delictuoso, excepto cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha cumplido, como en este caso, toda vez que es terminante que en el caso que planteó el Ayuntamiento la acusación compete a la Auditoría Superior del Estado, por contemplarlo así una ley especial, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, que desvirtúa la normatividad procesal general.

Lo que no vale es que por la vía demagógica se despotrique despiadadamente contra alguien, sin bases que legalmente sustenten sus diatribas, juzgando y difundiendo por los medios impresos sus voces condenatorias, sin conocer a fondo el asunto, tratando de politizar un suceso estrictamente jurídico, que no debe de usarse para fines electoreros, o por pertenencia y/o simpatía a determinado partido político.- Mérida, Yucatán.

[email protected]

—–

*) Abogado y notario público




Volver arriba