La fiscal se desdora

José Enrique Gutiérrez López (*)

Ayuntamiento Vs. Angélica Araujo Lara

A finales de 2012, en carta dirigida a la licenciada Celia María Rivas Rodríguez, entonces recién nombrada fiscal general del Estado, llamamos su atención en el sentido de que si verdaderamente quería defender los intereses de los yucatecos, ver por el cumplimiento de la Ley, acabar con la ineficiencia, lentitud, apatía y corrupción en la impartición de justicia en Yucatán, debía proceder con verticalidad, imparcialidad y sin sospechosas lealtades.

Es una pena que la fiscal haya desestimado esa petición. Los ciudadanos, hartos de los atropellos cometidos por funcionarios de la administración de Angélica Araujo Lara -asunto que nos ocupa-, exigían se aplicara la ley sin distingos, influencias o rangos. Con el paso del tiempo, al no cumplir el mandato ciudadano de evitar la impunidad y castigar la corrupción, se ha ido desdorando la imagen de la fiscal Rivas Rodríguez. Ya el cobre le asoma por la piel.

En 2013 el Ayuntamiento de Mérida interpuso ante la Fiscalía estatal denuncia y/o querella contra la ex alcaldesa Araujo Lara y otros, como presuntos responsables de la comisión de hechos delictuosos en perjuicio del Ayuntamiento. Aunque la denuncia fue interpuesta el 19 de abril de 2013, la resolución de la Fiscalía del No Ejercicio de la Acción Persecutoria fue emitida -como regalo navideño a los meridanos- el 24 de diciembre pasado. ¡Ocho meses tardó la Fiscal en determinar que no había elementos para proceder contra los denunciados! ¿Desidia o complicidad?

La titular de la Fiscalía dictó su resolución en este sentido, argumentando que el Ayuntamiento de Mérida carece de las atribuciones para hacerlo, en razón de que la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública sólo faculta a la Auditoría Superior del Estado a presentar denuncias sobre las irregularidades que en ejercicio de su función fiscalizadora detecte, según se establece en su artículo 29.

No nos cabe la menor duda de que si la Auditoría Superior del Estado, revisando las cuentas a que está obligada, detecta algún ilícito, debe denunciarlo. Si esto no fuera así, caeríamos en el dislate de tener un órgano fiscalizador absurdo en su concepción, estéril y sin razón de existir.

Pero es de fácil comprensión -aunque quizá algunos de dura sesera no quieran entenderlo- que, aunque la ASE tiene esa obligación, la comisión de delitos puede y debe también ser denunciado ante el Ministerio Público (Artículos 229 y 230 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado) por toda persona, más aún si quien tiene conocimiento de ello es algún funcionario público en ejercicio de su cargo. Por eso, cuando la Contraloría del Ayuntamiento de Mérida tuvo conocimiento de los posibles delitos cometidos por esos funcionarios de la pasada administración, quedó obligado -en imperativo- a interponer ante la Fiscalía -como la justicia y la ley exigen-, la denuncia correspondiente, a la que debió haber recaído la investigación penal de rigor, y no resolver el Ministerio Publico -como lo hizo-, desestimando el caso. El argumento usado por la fiscal resulta falaz y huele a pretexto.

No esperaba que el abogado Rubén Bolio Pastrana opinara en este asunto. Pero lo ha hecho, y muy indignado porque, dice, “se despotrica despiadadamente contra alguien” -creo se refiere a la “inocente” Araujo Lara-, y ha fijado su postura en editorial publicado en el Diario el pasado 31 de enero. Sostiene que: 1. Las opiniones o críticas contra lo resuelto por la “autoridad investigadora” a este respecto han sido emitidas por personas que no dan algún “argumento válido”. 2. Es bueno “el acuerdo de la Fiscalía estatal en el sentido de que no es factible jurídicamente darle curso a la queja, por no ser la comuna meridana la facultada para iniciar la indagatoria respectiva”. 3. Esta denuncia sólo puede hacerla -asevera- la Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 29 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública.

Que los que opinan en el caso nada válido aportan es aventurado decirlo. En cuanto a lo demás, si esa es la posición de Bolio Pastrana hoy, su argumentación es contradictoria en relación con su actuar pasado. Si recuerdo bien, en diciembre de 2012, el Ayuntamiento de Mérida interpuso ante el Ministerio Público formal denuncia contra la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Doris Candila Echeverría, por el daño patrimonial causado a la municipalidad al distraer en su beneficio dinero del erario. Fue el propio Bolio Pastrana -y otros abogados- quien llevó la defensa de la señora Candila Echeverría: contestó la demanda, aportó pruebas y llevó hasta sus últimas consecuencias la defensa de su cliente.

Lo que sí no recuerdo, y por más que he buscado en todos los medios no lo encuentro, es que Bolio Pastrana hubiera argumentado en algún momento que el Ayuntamiento de Mérida no tenía facultades para denunciar el posible ilícito de la señora Candila Echeverría, porque esto correspondía hacerlo sólo a la Auditoría Superior del Estado, como opina ahora.

¿Por qué Bolio Pastrana, en el caso Candila Echeverría entonces, no argumentó lo mismo que en el caso Araujo Lara ahora, si las premisas son las mismas para ambos casos? 1. Denunciante: Ayuntamiento de Mérida. 2. Denunciados: funcionarios del Ayuntamiento. 3. Delitos denunciados: Probable desvío de recursos y otros ilícitos. 4. Autoridad ante la que se acusa: Ministerio Publico. 5. Leyes vigentes al momento de ser interpuestas ambas denuncias: Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública (Art. 29) y Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado (Art. 229 y 230).

Parece fácil que la Fiscalía desestime una demanda con el argumento -según se ha explicado- de que quien denuncia -Ayuntamiento- no tiene facultades para ello. ¿Por qué entonces Bolio Pastrana se tomó tantas molestias en el caso Candila Echeverría, llevando todo un engorroso juicio y, para el caso Araujo Lara, opina que no ha lugar a la denuncia, siendo idénticos los supuestos?

La fiscal fue irresponsable al no cumplir su obligación principal de investigar a los acusados de la posible comisión de ciertos ilícitos para que éstos pudieran ser juzgados, en razón -ésta parece ser la única verdad deducible de la displicente actuación de esta funcionaria- de que la acusada es su correligionaria. En cuanto a la opinión del penalista Bolio Pastrana, ésta nos parece sesgada y pobre. ¡No al olvido del 4 de julio!- Mérida, Yucatán.

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*) Ciudadano. Abogado y notario público. Tanatólogo. Cónsul honorario de Holanda




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