Espejos para mirar

Espejos para mirar

Dulce María Sauri Riancho (*)

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Ferrocarriles y bancos 

Tal parece que un vendaval ha irrumpido en el Congreso de la Unión. En este mes de febrero comenzó el periodo ordinario de sesiones y con él, la necesidad -urgencia diría- de dotar a las reformas constitucionales de diciembre de sus leyes reglamentarias y de las disposiciones normativas que permitan su aplicación en el mundo real.

Son muchas y muy variadas las iniciativas de ley que deberían ahora estarse discutiendo en las comisiones de ambas cámaras para ser dictaminadas a la brevedad. Las nuevas normas electorales, incluyendo el nombramiento de 11 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituye al IFE; la compleja legislación en materia de telecomunicaciones, donde se enfrentan los poderosos intereses de Telmex-Telcel con Televisa-Azteca. Y desde luego, la reglamentación que concentra los reflectores internacionales y las iras de una parte de los nacionales: la reforma energética y su gran cantidad de leyes secundarias. Conste que sólo menciono las más controvertidas. Y para que el Congreso pueda concluir su trabajo en el actual periodo de sesiones, sólo cuenta con escasas nueve semanas, algo más de 18 sesiones, descontadas las vacaciones de Semana Santa.

En medio de tal aluvión de temas y disposiciones, vale recordar algunas experiencias recientes que podrían evitar caer en graves y costosos errores para el país. Los dos ejemplos que voy a citar tienen un común denominador: el Estado mexicano, en este caso el gobierno, se quedó con muy pocas facultades para ejercer una efectiva regulación sobre los agentes económicos privados, los que al verse libres y autónomos, no han encontrado contrapeso a sus intereses particulares. Veamos cómo y por qué sucedió.

En 1995 se estableció una nueva legislación bancaria después de que la mayoría de las instituciones privatizadas entre 1992 y 1994 habían quebrado. El rescate de las instituciones financieras implicó enormes cantidades de recursos públicos que todavía se pagan año con año por medio de los pagarés IPAB. El gobierno no quería ni podía quedarse de nuevo con los bancos, por lo que decidió desarrollar una estrategia de ventas: los adecentaba (les quitaba la cartera incobrable) y salía a proponerlos a un reducido precio a cambio de que los nuevos dueños se comprometieran a operar conforme a criterios de buena administración. El Congreso decidió poner una especie de “candado” para la venta de las instituciones saneadas: estableció un límite, que consistió en que no más del 30% del sistema bancario mexicano en su conjunto pudiese ser adquirido por extranjeros. Pero, ¡qué necesidad!, cuando se trató de autorizar la adquisición de uno de los cuatro grandes, que rebasaba con creces el tope del 30%, el Ejecutivo propuso y el Congreso autorizó, el levantamiento de la restricción en 1998. Una vez que fue eliminado el valladar, como alud imparable, en menos de tres años, el sistema financiero mexicano pasó a ser propiedad de bancos extranjeros. Los efectos de esta condición se palpan todos los días: una muestra, las decisiones sobre políticas crediticias no se toman en México, en función de las necesidades nacionales, sino de cara a los compromisos e intereses relacionados con el país donde se ubica la casa matriz. Eliminar el “candado” fue sin duda un serio error. El gobierno quería dar por concluida la privatización bancaria. Y lo hizo…

El otro ejemplo de fracaso regulatorio es el relativo a los ferrocarriles. También en 1995 fue reformada la Constitución para que el sistema ferroviario dejara de ser estratégico (sólo administrado por el gobierno) y pasara a ser prioritario, lo que hacía posible establecer un sistema de concesiones a particulares. Así se licitaron, por regiones, entre distintas compañías los miles de kilómetros de vías férreas del país. El compromiso de las empresas fue realizar las inversiones necesarias para dotar a México de ferrocarriles modernos, capaces de contribuir a la competitividad del país. Muy poco se materializó. Por el contrario, lo que menudeó fueron los conflictos por la interconexión, las altas tarifas para la carga, el abandono de regiones completas, como fue el caso del sistema Chiapas-Mayab e, incluso, obstaculizar la construcción de nuevas rutas, como la Monterrey-Colombia, alternativa ante la cara y saturada ruta a Laredo. Las autoridades responsables no han podido encauzar los intereses encontrados porque carecen de facultades para mediar o, en caso de ser necesario, imponer soluciones en aras del interés colectivo. En estos días, recién aprobadas las reformas a la Ley Ferroviaria para corregir serias deficiencias, hemos podido presenciar la intensa reacción de los concesionarios, que pretenden presionar a los senadores para que cancelen los cambios que los afectan.

En los bancos y en los ferrocarriles podemos observar los riesgos de una legislación que no contemple dotar al Estado de herramientas regulatorias capaces de ordenar los poderosos intereses que se mueven en estos sectores. Va de por medio el petróleo, la electricidad, los sistemas nacionales de transporte y distribución de energía, el espectro radioeléctrico. Malas decisiones en las leyes secundarias harían posible que en un abrir y cerrar de ojos las compañías extranjeras se apoderen de las partes suculentas del filete petrolero. Malas decisiones pueden causar la desintegración del sistema eléctrico nacional, ante la inanición de la CFE. Por estas razones es indispensable estar muy pendientes de la forma como se elabore esa legislación secundaria. No sea que el “diablo de los detalles” nos deje sin nada.- Mérida, Yucatán.

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*) Ex gobernadora de Yucatán




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