El crimen en el castigo

El crimen en el castigo

Lorenzo Meyer (*)

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Agenda ciudadana

La cárcel. En México, enviar a prisión a quien ha cometido una falta con frecuencia es forzarlo a pasar por un curso de supervivencia y donde, además, va a adquirir o perfeccionar sus habilidades como criminal.

México tiene una lista de problemas sociales serios y recursos escasos para enfrentarlos. Se puede argumentar que el estado de las instituciones penales no es hoy tema prioritario, pero hay dos razones para insistir en que lo es. Una moral: las cárceles son instituciones donde la inevitable tragedia humana puede adquirir innecesariamente características extremas. Otra práctica: la violencia y la inseguridad, asuntos centrales en la agenda nacional, no se resuelven sino que se agudizan en la medida que las prisiones cumplen en exceso con una de sus funciones, el castigo, pero muy poco o nada con la de reformar y reinsertar productivamente en la sociedad.

Castigo y rehabilitación. Las prisiones son tan inmemoriales como la vida en sociedad, pero hasta finales del Siglo XVIII en Occidente sólo se les usó como sitios de paso, donde la mayoría de los prisioneros sólo estaban ahí mientras se decidía su suerte: se les dejaba libres o eran ejecutados, azotados, enviados a galeras o a un destino semejante.

Sólo en los últimos siglos se empezó a considerar a la institución carcelaria como una penitenciaría, es decir, un sitio para cumplir un “justo castigo” -pérdida de la libertad- por haber actuado contra la ley y, además, hacer que el delincuente se transforme en un contribuyente a la labor de la gran colmena social. Idealmente, la prisión debería operar en México como quizá funcionó en el notorio caso de Gregorio “Goyo” Cárdenas Hernández, allá en los 1940. Cárdenas, un empleado de clase media, asesinó a varias mujeres y como “paradigma del monstruo moderno” se le declaró demente, se fugó y fue a dar a Lecumberri por treinta años.

En prisión estudió Derecho, se convirtió en “el Licenciado Goyito” y se casó. En 1976, supuestamente rehabilitado y con sentencia cumplida, fue liberado e incluso se presentó ante la Cámara de Diputados como ejemplo del criminal redimido. Libre, “el Licenciado Goyito” litigó y murió en 1999 entre sus hijos y nietos, (Andrés Ríos Molina, “Memorias de un loco anormal”, México: Debate, 2010). Desafortunadamente Gregorio Cárdenas fue, como sugiere Ríos Molina, un caso fuera de norma. Lo normal es pasar por la cárcel sin rehabilitarse.

La norma. En 2013, un grupo de especialistas dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento donde sostiene que las condiciones en que viven las mujeres en el complejo carcelario de las Islas Marías, en México, son violatorios de los derechos humanos.

Ese documento puede servirnos como una ventana para asomarnos a los mundos penitenciarios mexicanos y confirmar que éstos son verdaderamente para penar, pero difícilmente para enmendar conductas.

El diagnóstico presentado a la CIDH sobre las internas en las Islas Marías hace hincapié en 11 puntos relacionados con deficiencias graves en los temas de régimen disciplinario, alimentación, salud, visitas, comunicación con el exterior, actividades dentro del establecimiento, traslados y libertades anticipadas. Cada uno de estos problemas se refleja en las 149 entrevistas que la doctora Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, le hizo a reclusas de ese peculiar penal. Cuando se publiquen, el lector podrá constatar los efectos concretos de las deficiencias enumeradas en el documento presentado a la CIDH. Sin descartar las exageraciones, una reclusa resume el drama: “Somos internas y tenemos que pagar una sentencia, pero no somos animales para vivir en las condiciones que nos tienen”.

“Modernización” y mercado. La literatura sobre la realidad de las prisiones en México hace pensar que las cosas no han cambiado gran cosa en relación con siglos pasados, salvo en un punto: la privatización de prisiones. Y en este aspecto Elena Azaola considera que el cambio no es ningún avance, sino lo contrario. Personajes como los Slim, Hank Rhon, Quintana o Vázquez Raña han invertido varios miles de millones en este tipo de concesiones a 20 años para construir y administrar cárceles como la de Islas Marías, que se describe en el informe presentado a la CIDH (Proceso, 12 de mayo, 2013).

Elena Azaola asegura que mientras en las cárceles tradicionales el gobierno gasta en promedio $150 diarios por prisionero, las privadas le cobran al Estado $2,000 por prisioneros (cifras dadas a conocer por la investigadora en el Seminario sobre Violencia celebrado en El Colegio de México, 26 de noviembre, 2013).

Conclusiones. Las prisiones pueden ser un negocio empresa privada-Estado más interesante que las concesiones en guarderías, pero nada permite suponer que esas instituciones, públicas o privadas, estén contribuyendo a solucionar el gran problema de la criminalidad. En México, en el castigo del crimen hay, también, un crimen en el castigo.

Resumen: “Se discute mucho el tema de la violencia, pero se examina poco uno de sus aspectos: el sistema carcelario mexicano, una de sus raíces y razones”.- México, Distrito Federal.

Página web: www.lorenzomeyer.com.mx

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*) Historiador y analista político




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