El complot criminal contra Efraín

Freddy Espadas Sosa (*)

“El Charras”: 40 años después (5)

De la revisión e interpretación hechas a las diversas fuentes sobre el movimiento del 74 se desprende una singular paradoja de gran significación para que se abra paso la verdad histórica. Mientras que por un lado nunca hubo ninguna “conjura extremista” para desestabilizar el estado, en cambio sí se ha establecido como verdad histórica la existencia de un verdadero complot de las cúpulas del poder económico y político “para sustraer del ambiente” a Efraín Calderón Lara, es decir, para secuestrarlo y asesinarlo con saña.

Si se observan con detenimiento los elementos o conceptos claves que los firmantes esgrimen en los desplegados contra el movimiento, podemos destacar los siguientes: caos, desorden, anarquía, agitación, ilegalidad, zozobra, violencia, violación, subversión, injuria, calumnia, agresión, instituciones, derecho, progreso, paz, convivencia, etcétera. Al analizar estos elementos y ponderar en su integridad los contenidos de los pronunciamientos, se colige lo siguiente:

a) Los desplegados constituyen una especie de ultimátum del bloque burgués gobernante; es decir, se trata de un enérgico llamado a poner fin, por los medios que fueran necesarios, al movimiento estudiantil, obrero y popular, que concitaba grandes simpatías en los segmentos subalternos de la sociedad y que ya llevaba casi mes y medio desplegándose en la ciudad de Mérida, con algunas extensiones en ciertos puntos del Estado.

b) El elemento asustadizo que el grupo gobernante utilizó, muy efectivo en una sociedad tímida y conservadora como la yucateca, fue la supuesta existencia de una “conjura” para desestabilizar al estado, orientada a sembrar el caos y la anarquía para destruir las instituciones y romper la convivencia social.

b) Históricamente, nunca se comprobó que existiera tal conjura para sembrar la anarquía y la subversión en el Estado. Se trató entonces de un recurso político-ideológico del bloque gobernante para justificar una mayor represión y poder acabar así con el movimiento. Lo que había era un genuino movimiento sociopolítico cuyas fuerzas motrices eran los estudiantes, núcleos obreros y segmentos de colonos, quienes demandaban no sólo el castigo a los culpables materiales e intelectuales del crimen, sino que también enarbolaban demandas laborales y populares.

c) La verdad histórica que se ha venido descubriendo, derivada de investigaciones e interpretaciones independientes y alternativas, es que la “verdad jurídica” impuesta por el oficialismo comprometido con la clase capitalista (admitir sólo la participación de la cúpula policial en el secuestro y el asesinato de “El Charras”, sin responsabilidad alguna de la clase capitalista ni del gobernador Loret de Mola) es sólo una parte superficial de dicha verdad, y que en realidad ha servido para encubrir a los autores intelectuales, los cuales fueron personajes de carne y hueso pertenecientes a la clase empresarial, al gobierno estatal -incluido el propio gobernador- y las directivas corruptas de las centrales obreras oficialistas, especialmente la CTM.

d) Paradójicamente, en tanto nunca existió la “conjura subversiva” para sembrar la anarquía en el Estado ni se comprobó tampoco que el movimiento estuviera dirigido por “agitadores profesionales” ni que tuviera vínculos orgánicos con grupos o elementos “extremistas”, en cambio fehacientemente se ha demostrado que sí existió un complot orquestado por las cúpulas del poder económico (dueños de las empresas afectadas por el movimiento sindical independiente) y político (PRI-Gobierno-CTM) para “sacar del ambiente” a Efraín, utilizando como instrumentos operativos a los altos mandos policiales y como ejecutores a dos matones a sueldo.

e) Resulta paradójico que quienes suscribieron los pronunciamientos nunca condenaron explícitamente las graves violaciones a la legalidad y a los más elementales derechos humanos por parte de la burguesía y del gobierno del Estado en el caso del secuestro y asesinato de “El Charras”. Tampoco cuestionaron la corrupción prevaleciente en las instituciones, a las que llamaban a defender de la “agitación extremista” en curso.

f) Resulta igualmente paradójico que en tanto los firmantes apelaban al orden y a la legalidad, y condenaban la “subversión” y la comisión de delitos por parte de quienes participaban en el movimiento, algunos integrantes de las clases económicamente poderosas por ellos representados habían subvertido el orden y la legalidad, violando sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores, y que luego se complotaron ilegalmente con el poder político para secuestrar y asesinar al joven universitario que, en el marco de la Ley, asesoraba jurídicamente a estos trabajadores para alcanzar el efectivo ejercicio de sus derechos. (Continuará).- Mérida, Yucatán.

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*) Doctor en Educación, catedrático y exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán

El elemento asustadizo que el grupo gobernante utilizó, muy efectivo en una sociedad tímida y conservadora, fue la supuesta existencia de una “conjura” para desestabilizar al estado




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