Autonomía constitucional

Autonomía constitucional

Jesús Cantú (*)

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El senado se apresta a capturar el IFAI

El gran problema de los organismos autónomos en México es la captura de sus órganos de gobierno por los regulados, con lo cual pierden su esencia y, por ende, dejan de cumplir su cometido; basta revisar la biografía de los integrantes de las entidades autónomas para encontrar evidencias de esta captura.

La opción de los organismos autónomos surge fundamentalmente en ciertos ámbitos de la vida pública, donde se requiere de criterios fundamentalmente técnicos y que deben alejarse de las presiones, vaivenes y ciclos de la vida política, para convertirse en contrapesos y evitar los abusos de autoridad, excesos o atropellos de los poderes constitucionales y los actores políticos. Por lo mismo, deben ser totalmente independientes de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero también de los entes regulados.

El caso más generalizado en el mundo es el de los bancos centrales, con lo cual se busca garantizar que las decisiones de política montería se apeguen a criterios científicos y técnicos; que las empresas del sector financiero respeten la normatividad establecida y no obtengan ganancias desmedidas; y evitar las intromisiones y presiones de los actores políticos. Para lograrlo, se requiere que los miembros de su órgano de gobierno sean expertos en la materia, pero también que sean independientes del gobierno en turno y de los principales actores del sector financiero, precisamente para cumplir los objetivos del organismo.

En México, desde su nacimiento a la vida autónoma durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los titulares del Ejecutivo siempre han ratificado a quien ya estaba o propuesto para gobernador de la Junta de Gobierno a sus secretarios de Hacienda; y para vicegobernadores a expertos provenientes del propio Banco de México o de los principales bancos comerciales que operan en México.

La institución realmente logró la plena autonomía con respecto al Ejecutivo cuando se dio la alternancia en la Presidencia de la República, en 2000, y Fox propuso refrendar en el puesto a Ortiz; pero antes hay que revisar muy críticamente su actuación en el famoso error de diciembre de 1994. Y, desde luego, más allá de discursos muy críticos los excesos de los operadores financieros en México son claros y ostensibles.

En el caso del Instituto Federal Electoral, para organizar las elecciones federales, aunque formalmente obtuvo su autonomía desde 1990, en los hechos fue hasta octubre de 1996 cuando el secretario de Gobernación abandonó la Presidencia del Consejo. Y tras siete años (1996-2003) en el que el IFE se ganó la confianza ciudadana, los dirigentes de los principales partidos políticos procedieron a designar a gente de su confianza y sensibles a sus requerimientos y demandas, con lo cual las entidades reguladas, que son precisamente los partidos políticos, capturaron dicha instancia.

Ahora finalmente se le otorga autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), cuya principal función es precisamente abrir la información administrada por las distintas instancias de autoridad (los tres poderes, las tres instancias de gobierno, los otros organismos autónomos, los partidos políticos y cualquier entidad pública o privada que reciba o administre recursos públicos). La lógica indica que la autonomía que debe tener este organismo es precisamente de todos estos sujetos.

Sin embargo, en este caso, como en los anteriormente señalados, también existe un conflicto de intereses pues el responsable de nombrar a los integrantes del órgano de gobierno es precisamente uno de los sujetos obligados: el Senado. Y para asegurarse absoluta libertad en dicha designación, los legisladores tuvieron buen cuidado de establecer un procedimiento totalmente arbitrario y discrecional: los grupos parlamentarios del Senado proponen a los candidatos y el pleno del mismo órgano los designa, procedimiento que ya les había garantizado la captura del órgano electoral (IFE) a través de la Cámara de Diputados.

Desde que se discutía la reforma constitucional surgieron las diferencias entre el PAN y el resto de los partidos políticos (principalmente el PRI, por ser ahora gobierno) por la suerte de los comisionados en funciones pues, aunque los presidentes emanados de las filas blanquiazules habían tenido que negociar con el Senado la designación de éstos, la realidad es que prevalecía su interés y, por ende, las otras fuerzas políticas querían tener manos libres para repartirse sus cuotas. Así, para posponer dicha batalla simplemente establecieron que los comisionados en funciones debían manifestar si querían continuar o no, y el Senado tendría que ratificarlos por las dos terceras partes en un plazo máximo de 10 días calendario y si no lo hacía aplicaba la negativa ficta.

Los cuatro comisionados en funciones manifestaron su intención de continuar y el Senado simplemente no los ratificó, así que ahora tiene las siete posiciones libres. El origen de los cuatro comisionados era fundamentalmente el servicio público, con lo cual se incurría en una gran contradicción, pues su función anterior era dosificar o negar el acceso a la información a los demandantes de la misma. Era poner la iglesia en manos de Lutero.

Sin embargo, la decisión del Senado no es ninguna garantía de que los nuevos ocupantes sean mejores que los desechados, pues lamentablemente es muy sospechoso (por decir lo menos) que en los organismos autónomos donde mayor libertad se dieron para la designación de los miembros de los órganos de gobierno es en los que ellos son los sujetos obligados: Instituto Nacional de Elecciones e IFAI. Allí quieren ser ellos (las cúpulas de los partidos políticos) los que los capturen, desvirtuando así la naturaleza de dichos organismos.- México, D.F.

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*) Periodista




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