Al conflicto, por su nombre

Carlos Luis Escoffié Duarte (*)

Hojas en el cenicero

Una de las muchas cosas que me han maravillado de las colombianas y los colombianos es el nivel de discusión que sostienen al abordar su agenda pública. Quizá si ellos me leyeran pondrían en duda mi afirmación y presentarían distintos reparos.

Y yo no sería capaz de discutírselos. Lo único que digo es que, al menos para nosotros, deberían ser un referente.

Un ejemplo de ello es la experiencia del debate público sobre la existencia o no de un conflicto armado en ese país.

El ex presidente Álvaro Uribe lo negó insistentemente durante su gestión. Juan Manuel Santos, para sorpresa de muchos -incluyendo del propio Uribe-, reconoció su existencia, acto que fue saludado amigablemente por ciertos sectores de la sociedad civil.

Pero ¿por qué fue esto tan relevante para Colombia y qué tiene que ver con México?

Si el derecho internacional de los derechos humanos es un tema apenas abordado en nuestro país -y de paso sea dicho: limitado al cacofónico discurso de alabanza a las reformas de 2011-, el derecho internacional humanitario se encuentra totalmente ausente en el debate público.

Comúnmente llamado “derecho de guerra” o “de conflictos armados”, fue invocado por algunos grupos de la sociedad civil e instituciones académicas durante la “guerra contra el narco” iniciada en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, debido a que el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y demás tratados en la materia han sido superados en algunos aspectos por los contextos actuales, fue imposible determinar jurídicamente que existía un conflicto armado interno en México y, por lo tanto, aplicar el derecho internacional humanitario.

Pero la situación que se vive hoy en estados como Michoacán (por dar el ejemplo más mediático) nos da indudables elementos para retomar el tema. Reconocer un conflicto armado interno implica una serie de responsabilidades internacionales para las partes (grupos de autodefensa, grupos delictivos armados con formación militarizada y miembros del Ejército Mexicano), cuyo incumplimiento podría incluso configurar crímenes internacionales.

Derechos exigibles

Pero más allá de esto, los tratados que rigen esta materia también confieren derechos exigibles por la población que se encuentra dentro del territorio mexicano (con fundamento en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

El tema es bastante trascendental y profundo que me amenaza con la impotencia de no poder desarrollar más que nimiedades en este breve espacio.

El mensaje que pretendo es, básicamente, el siguiente: debemos subir el nivel de la discusión y pasar de la sorpresa de “qué tan mal estamos que un grupo de personas se ven obligados a armarse” a un verdadero debate alrededor de los estándares de derecho internacional humanitario que deberían ser aplicados en nuestro país.

El foco de la agenda pública debe incluir la exigencia a las autoridades para que asuman esta realidad desde la perspectiva que merece.

¿Por qué no ha reconocido el Estado Mexicano que enfrenta un conflicto armado interno?- Mérida, Yucatán.

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*) Pasante de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán

Reconocer un conflicto armado interno implica una serie de responsabilidades internacionales para las partes (grupos de autodefensa, grupos delictivos armados), cuyo incumplimiento podría configurar crímenes internacionales




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