A propósito del caso Édgar Tamayo

Teresa Ochoa Godoy (*)

Ética de la pena de muerte

Han llegado a Morelos los restos de Édgar Tamayo Arias. El dolor de su familia nos conmueve. Recordamos que él fue ejecutado el 22 de febrero luego de 20 años de tortura psicológica en el corredor de la muerte. Este hecho desató críticas de quien piensa que su ejecución contravino el cumplimiento de fallos de tribunales internacionales. Sería complicado juzgar este caso existencial desde sus múltiples ángulos; lo primero que hiere la sensibilidad humana es la prolongada espera del reo… enseguida la injusticia ante el parámetro de la ley internacional… pero ¿tiene algo qué decir la ciencia filosófica de la conducta humana, la Ética, que ya asciende a las últimas causas del bien y del mal, hacia lo universal, por encima de la casuística, formando nuestros criterios de conciencia?

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La Ética, como toda ciencia, se apoya en postulados o presupuestos tomados de otras ciencias: la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Siendo una ciencia práctica, va evolucionando en su periferia, se va perfeccionando a partir de la experiencia, de la conciencia de las exigencias de la dignidad de la persona humana en la complejidad de las situaciones del mundo que le rodea. En cuanto al castigo, tiene tres funciones: retributiva, que establece el equilibro de justicia; correctiva, de enmienda rehabilitación de la persona delincuente; disuasiva, induciendo a la sociedad a alejarse de dichos crímenes.

Miremos un poco a la historia. Desde tiempos remotos la autoridad ha impuesto la pena de muerte por delitos considerados muy graves, a la luz de la ley natural, a veces incipiente en algunas culturas.
En la Antigüedad Cristiana, la licitud de dicha pena fue impugnada. En la Edad Media hubo opositores aislados como Beccaria; luego pasando de la teoría a la práctica, fue abolida por muchos estados europeos, por su aplicación excesivamente dura.

Pero tradicionalmente, grandes filósofos, a partir de la Edad Media y hasta años recientes, han sostenido que el Estado tiene el deber y el derecho de imponer castigos, y si es necesario aplicar la pena de muerte, como un medio para su fin que es el bien común de la sociedad. (Cfr. Sto. Tomás., Suma Teológica II-II, q, 64, aa. 2-3y q 69,a. 4: y en el siglo xx, Johannes Schuster, Austin Fagothey, etcétera.

Actualmente, algunos pensamos que se han superado las condiciones necesarias para justificar la pena de muerte: porque, en general, hoy día existen cárceles seguras para defender a la sociedad de los grandes delincuentes. En cuanto a la función retributiva del castigo, falla con tanta frecuencia la justicia en los sistemas penales, que se corre el mayor riesgo de injusticia matando a la persona supuestamente delincuente. En cuanto a la función correctiva, la persona pierde con la muerte toda oportunidad de enmienda o rehabilitación. Finalmente, la función disuasiva, según algunos estudios de criminología, parece ser nula en ciertos estados donde se aplica la pena capital.

El Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2267) tiene un excelente párrafo, en el que se enfatiza la búsqueda del bien común de acuerdo con la dignidad de la persona humana.

“Si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a estos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana”.— Mérida, Yucatán.
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*) Religiosa de Jesús María. Doctora en Filosofía y coordinadora de Cristianos por la Unidad




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