“La intención es control político”
Las diputadas federales por Yucatán Dulce María Sauri Riancho, del PRI, y Cecilia Patrón Laviada, del PAN, ven una intención política de control con la creación de la figura de los “superdelegados federales” y advirtieron que éstos usurparían funciones de los gobernadores.
Entrevistadas sobre la reciente aprobación de la reforma a la administración pública federal que dio vida a los ahora llamados “superdelegados” —creación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador—, las legisladoras yucatecas coinciden en que existe el riesgo del manejo discrecional de los recursos públicos por la estructura de los “superdelegados” y obstáculos para la aplicación de los programas federales.
Pero lo que más les llama la atención y demuestra el sesgo político es que muchos “superdelegados” nombrados por López Obrador son excandidatos de Morena que tuvieron un encono político como el caso de Yucatán donde fue nombrado Joaquín “Huacho” Díaz Mena y el Estado de México donde la “superdelegada” es Delfina Gómez.
Cecilia Patrón dijo que si esa figura administrativa la creó el presidente López Obrador para que sea únicamente el enlace del gobierno estatal con el gobierno federal no le ve problema. Lo preocupante es que los “superdelegados” usurpen funciones que le otorga la constitución a los gobernadores y alcaldes que fueron electos por el pueblo; en cambio, ellos son impuestos por el presidente de la República.
“Le quieren quitar fuerza a los estados violando el federalismo”, indicó Cecilia Patrón. “En la parte social podemos entender que la figura del ‘superdelegado’ es más político que el buscar mayor eficacia en la aplicación de los programas. En el caso de Yucatán el ‘superdelegado’ es Joaquín Díaz y las cuatro subdelegadas regionales tienen aspiraciones políticas como “Huacho” Díaz y Mariana Cruz, por ejemplo. Tienen una estructura geográfica completamente política que no busca tener resultados en beneficio de la gente, sino beneficio electoral”.
Otro riesgo es que esa estructura morenista no respete la autonomía estatal y municipal en materia de seguridad pública y quieran tener injerencia mediante los programas que reciben recursos federales. En materia de participaciones federales todavía está vigente el Pacto Fiscal, pero como son mayoría en el Congreso de la Unión pueden cambiarla.
“Me preocupa ese hombre que será presidente de México porque no respeta a las instituciones y está demostrando un autoritarismo que no había visto”, indicó. “Hay que ponerle dique porque ya quieren hacer lo que quieran como lo está demostrando Taibo II y el retiro del fuero a los funcionarios, que aunque dicen que luchan contra la corrupción, están promoviendo la impunidad”.
Sobre el mismo tema de los “superdelegados”, la diputada Dulce María Sauri dice que es una figura administrativa que puede ser considerada intermedia porque serán el vínculo entre los gobernadores y el presidente y eso lo prohíbe la Constitución federal. Por esa razón, ya se habla de la promoción de una controversia constitucional para revertir ese cargo administrativo.
“Esa figura concentraría bastantes funciones y a todas luces no tendría un correcto funcionamiento ni tiene probabilidades de que sea eficiente porque tendría demasiada carga de trabajo”, señaló la exgobernadora.
“El gobernador Mauricio Vila tendrá que tener la suficiente serenidad para trabajar con Joaquín Díaz y éste deberá tener táctica para tratar al gobernador porque fue su contrincante a la gubernatura”, apuntó.
La doctora en Historia insistió en que el puesto de “superdelegado” tiene objetivos políticos y electorales porque por medio de ellos el presidente de la República concentrará mayor poder. Por ello los diputados del PRI no votaron a favor de esa iniciativa.
“Los ‘superdelegados’ vienen siendo los generales que el presidente destacará en cada entidad federativa y todos estarán bajo las órdenes de su comandante supremo, que es Andrés Manuel López Obrador”, indicó Dulce María Sauri. “La intención está clara: es control político”.— Joaquín Chan Caamal
Sobre el riesgo de que el dinero federal lo manejen los “superdelegados” y las subdelegadas regionales hasta ahora no lo pueden saber porque todavía no reciben el paquete económico para 2019 y aquí sí la Cámara de Diputados tiene que estar muy pendiente de que no cambien la normatividad de que los recursos federales cuando llegan a los Estados ya son recursos estatales. Sin embargo, hay componentes como son las aportaciones federales a los Ramos 33 y 23 que son fondos para previsiones salariales y económicas que podrían perjudicar si desaparecen algunas transferencias al Ramo 23, como pretende López Obrador.
“Hoy están latentes varios peligros y con el pretexto de corregir lo que para ellos está mal y combatir la corrupción, pueden generar un problema mayor”, advirtió la legisladora priista.