Afirman en San Lázaro que no habrá impunidad
CIUDAD DE MÉXICO.— La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, informó que Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin “están siendo investigados en su patrimonio”.
Durante su comparecencia en San Lázaro, legisladores de Morena, MC, PAN, PES y PT preguntaron una y otra vez a la funcionaria federal sobre los casos Odebrecht, la Estafa Maestra y el Paso Exprés, pero ésta se limitó a presentar la misma relatoría que ofreció ante el Senado de la República la semana pasada.
“Se ha inhabilitado a tres funcionarios por los contratos de la empresa Norberto Odebrecht y a ésta se le multó con 543.8 millones de pesos; se inhabilitó a uno más y se multó a Odebrecht e Ingeniería en Construcción con otros 543.4 millones de pesos… a Pemex se le multó con 1.25 millones, 2.5 millones y 119 millones de pesos por diferentes acciones”, señaló la funcionaria.
Insistencia
Ante la repetición del guión, los legisladores insistieron en sus preguntas: “Sabemos que usted no finca responsabilidades judiciales, pero de acuerdo con los protocolos que están en su página de internet ¿se encarcelará a algún funcionario como en otros países? ¿Se investiga a Rosario Robles? ¿Se le podrá juzgar a Emilio Lozoya por presuntos sobornos?”.
La funcionaria solo señaló que “no habrá impunidad por parte de la Secretaría de la Función Pública en materia administrativa”.
Agregó que se ha sancionado por irregularidades en la ejecución de contratos, por pagos indebidos, por duplicidad de servicios, y por simulación en el cumplimiento de garantías y obligaciones contractuales.
“Sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, sin embargo, en el ejercicio de derecho de audiencia que les otorga la ley, están en etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa no puedo darles más información al momento”, reveló Arely Gómez.— Proceso
La exprocuradora general de la República no aclaró si encontró inconsistencias en esas declaraciones patrimoniales o si existen denuncias que explícitamente lo señalen, sólo reveló que, tanto a Robles como a Lozoya, se les ha solicitado información al respecto, pues “están en etapa de aclaraciones”.
En los dos últimos años, abundó, la SFP ha trabajado en los “lamentables hechos ocurridos en julio de 2017” (el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde perdieron la vida dos personas), la contratación y subcontratación con universidades (Estafa Maestra), Odebrecht y sus filiales, y las actividades de rehabilitación por el sismo de septiembre de 2017.
Fue entonces cuando reveló que por esos cuatro casos se está indagando a diversos servidores, pero sólo dio los nombres de Rosario Robles y Emilio Lozoya.
“Hay una gran cantidad de servidores públicos relacionados tanto con el caso del Paso Exprés como con Odebrecht, como con la estafa maestra, donde se está revisando el patrimonio de servidores públicos y van en distintas etapas de este trámite. Tenemos varios servidores públicos, ya sea de SCT, de Pemex, de Sedatu, y no sólo de ellos…”
La diputada panista Sandra Paola Castañeda reviró: pues sí, pero “no hay ningún funcionario en la cárcel, y no sólo de esos casos, hay denuncias de por lo menos dos gobernadores que juntos suman una afectación de 258 mil 829 millones 185 mil pesos, según distintas denuncias penales y reportes de la Auditoria Superior de la Federación”.
Arely Gómez compareció ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y la de la Función Pública. Y aunque no logró atemperar el malestar de los diputados, presumió que la secretaría a su cargo ha rescatado 19,549 millones de pesos como resultado de las 15,360 auditorías practicadas a distintas oficinas de la administración pública federal.